El exfiscal general Eduardo Montealegre denunció al expresidente Álvaro Uribe Vélez ante la Corte Suprema de Justicia por delitos de lesa humanidad cometidos en las masacres de los corregimientos de El Aro y La Granja (Antioquia) perpetradas en la década de los 90.
Según Montealegre, Uribe Vélez es responsable de estos crímenes por omisión, pues indicó que cuando él se desempeñó como gobernador de Antioquia fue advertido de los planes que tenían los paramilitares para cometer estas masacres y “no tomó las medidas necesarias y efectivas para evitarlas”.
El exjefe de la Fiscalía mencionó que personas como el defensor de derechos humanos José María Valle, posteriormente asesinado, le mencionaron en su momento a Uribe Vélez cuáles eran los movimientos de estas estructuras y “él decidió hacer caso omiso” a pesar de que su responsabilidad era proteger a la población civil.
“Álvaro Uribe conoció de manera directa la necesidad de adoptar medidas para garantizar la vida e integridad de la población civil amenazada. Sin embargo, no tomó ninguna medida efectiva de protección aun cuando era previsible un grave riesgo”, afirmó.
La respuesta de la defensa de Uribe en este caso
La denuncia ante la Corte Suprema de Justicia por estos hechos fue anunciada hace varios meses por el exfiscal Eduardo Montealegre. Antes de ser privado de la libertad, el expresidente Álvaro Uribe le respondió a través de varios trinos en su cuenta personal de Twitter.
El hoy exsenador calificó a Montealegre de “ser un corrupto”, de decir mentiras y de haber puesto la justicia a su servicio cuando estuvo al frente de la Fiscalía General entre los años 2012 y 2016.
Uribe aseguró que, al contrario de lo dicho por Montealegre, cuando fue gobernador de Antioquia atendió todas las denuncias que le llegaban sobre las actuaciones de los paramilitares en el territorio antioqueño.
Según dijo, atendió las advertencias de José María Valle, que hacía consejos de seguridad y que estaba en permanente comunicación con la Fiscalía, Defensoría, Procuraduría y otros miembros de la fuerza pública para proteger a las comunidades.