El magistrado César Reyes, quien fue el ponente en el proceso por presunta manipulación de testigos en contra del expresidente Álvaro Uribe en la Corte Suprema de Justicia, se encuentra en el centro de la polémica luego de que se diera a conocer el contrato por $574.674.360 que firmó en julio de 2016 con el gobierno de Juan Manuel Santos.
Dicho contrato fue celebrado entre el Departamento Administrativo de la Presidencia -a través del Fondo de Programas Especiales para la Paz de la Presidencia- y Nueva Justicia y Litigación Oral Consultores LTDA, entidad de la cual el hoy magistrado César Reyes fue subgerente y representante legal.
El objetivo del contrato por prestación de servicios era, entre otras cosas, establecer la situación jurídica y de salud de las personas de las Farc-EP con medida de aseguramiento, o condenadas, que estaban relacionadas en los listados de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz durante las negociaciones.
Entre las obligaciones del contratista estaba la identificación y/o individualización del interno, condiciones de aprehensión, tipo de delito imputado, tipo de ley aplicable, despacho judicial al cual se encontraba a disposición, estado procesal de la investigación, entre otras.
Duros cuestionamientos
El togado ha recibido duras críticas por parte del uribismo, pues varios consideran que, antes de asumir el caso por presunto soborno y fraude procesal que cursa contra el ahora exsenador Álvaro Uribe, debió haberse declarado impedido para asumir la investigación y para elaborar el escrito en el que se sustentó la medida de aseguramiento.
El partido Centro Democrático mencionó en un comunicado que la revelación de este contrato entre César Reyes y el gobierno de Juan Manuel Santos es una muestra de las denuncias hechas por el expresidente Álvaro Uribe sobre el “sesgo político e intereses personales por parte de un sector de la Corte Suprema de Justicia”.
Y además señaló que “este hecho ratifica que el proceso estaba empañado por claras intenciones de difamación e infamia, las cuales hoy quedan en evidencia, pero que adicionalmente ponen en riesgo la institucionalidad y credibilidad de la Corte”.
Algunos usuarios de las redes sociales también recordaron la posición del magistrado César Reyes cuando se le quitó el caso de Álvaro Uribe a la magistrada Cristina Lombana, quien fue la primera en tener el expediente pero que, posteriormente, fue recusada por ser parte activa de las fuerzas militares y haber estado bajo el mando del líder natural del Centro Democrático cuando fue presidente de la República.
