Esta semana se define el futuro judicial de Álvaro Uribe Vélez. La jueza 28 de conocimiento Carmen Helena Ortiz escuchará los argumentos del fiscal Gabriel Jaimes y decidirá si precluye -o no- la investigación que cursa en contra del expresidente de la República por supuesta manipulación de testigos en contra del senador Iván Cepeda.
La Fiscalía General solicitó esta figura jurídica alegando que, para el ente investigador, no existen suficientes elementos materiales probatorios que demuestren que el exmandatario sí cometió los delitos de soborno y fraude procesal por los cuales es señalado.
"Luego de la valoración integral de los elementos materiales probatorios, la evidencia física y la información legalmente obtenida durante el curso del proceso, el fiscal del caso estableció que varias de las conductas por las cuales se vinculó jurídicamente al excongresista no tienen la característica de delito, y otras que sí lo son, no se le pueden atribuir como autor o partícipe", indicó.
La audiencia de solicitud de preclusión para Álvaro Uribe está programada para las 8:00 a.m. del próximo martes 6 de abril. La jueza 28 de conocimiento deberá tomar cartas en el asunto y decidir si cierra el caso o, por el contrario, determina que hay que seguir con el proceso penal.
Cabe resaltar que si la funcionaria judicial precluye la investigación, los demás intervinientes, como el representante del senador Iván Cepeda y el Ministerio Público, podrán apelar la decisión y en este caso resolvería el superior jerárquico, es decir, el Tribunal Superior de Bogotá.
'Recorderis' del proceso de Álvaro Uribe
El senador Iván Cepeda fue denunciado en febrero de 2012 porque, como miembro de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes, fue a las cárceles de Itagüí y Cómbita para entrevistar a los señalados exparamilitares Pablo Hernán Sierra y Juan Guillermo Monsalve, quienes indicaron que Álvaro Uribe y su hermano Santiago tuvieron vínculos con el paramilitarismo.
En su calidad de representante, Cepeda realizó un debate de control político en el que, de acuerdo con esos testimonios, acusó públicamente a los Uribe Vélez de haber conformado y financiado el Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en el departamento de Antioquia.
A raíz de este señalamiento, el expresidente denunció al senador del Polo Democrático por los delitos de calumnia, falso testimonio y abuso de la función pública. Alegó que, para escuchar los testimonios de Sierra y Monsalve, Cepeda se valió de sus funciones parlamentarias para buscar declaraciones falsas que lo implicaran a él y a su hermano Santiago con el “único fin de hacerles daño e inducir en error a la justicia”.
En ese momento, Uribe aseguró que Cepeda dirigió un cartel de falsos testigos en su contra y que les ofreció a cambio beneficios jurídicos, económicos y carcelarios. Sin embargo, el 16 de febrero de 2018 el caso dio un giro drástico: la Corte Suprema de Justicia, con ponencia del entonces magistrado José Luis Barceló, se abstuvo de abrir investigación penal en contra del senador Iván Cepeda porque “no encontró pruebas suficientes” y, por el contrario, inició una investigación en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez.
El exmandatario pasó de denunciante a investigado porque, al parecer, fue él quien intentó manipular el testimonio de Juan Guillermo Monsalve con ayuda de su abogado Diego Cadena, quien está a punto de enfrentar un juicio por este mismo caso y se encuentra privado de la libertad en su lugar de residencia.
Proceso a manos de Fiscalía
El 8 de octubre del 2019, el expresidente Álvaro Uribe Vélez asistió a una indagatoria donde quedó formalmente vinculado al proceso y, el 3 de agosto del 2020, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia decidió privarlo de la libertad de manera preventiva al considerar que podría obstruir la investigación. El exmandatario estuvo preso dos meses en su casa, la famosa finca El Ubérrimo, ubicada en el departamento de Córdoba.
