Esta charla fue un vaivén de emociones, con picos bastante altos, pero otros en los que el llanto trató de asomarse, pero el pudor lo evitó. Juanita —así le llamaremos porque no quiere que se sepa su nombre verdadero— está cansada. Y repite de manera sacrosanta "que Dios tenga misericordia de nosotros" como si él fuera el único capaz de darle una mano a ella y a sus 208 compañeras. Juanita trabaja en el hospital San Francisco de Asís en Quibdó, la capital de Chocó, departamento colombiano que circunda con el océano Pacífico y que se encuentra al noroeste de Bogotá a 572 kilómetros de distancia. Un lugar en que el oro mandaba en épocas pasadas, los cultivos de coca más recientemente.
Juanita es auxiliar de enfermería del único hospital público de segundo nivel de la región, institución que atiende a personas de bajos recursos y en un alto estado de vulnerabilidad. "Llegan desde indígenas de los resguardos aledaños hasta afrodescendientes que viven a la ribera del Atrato en condiciones marginales". A Juanita no le pagan su salario hace cuatro meses y con su esposo desempleado ha tenido que recurrir a los prestamistas locales para sobrevivir.
"Te cobran intereses del 12% y te secuestran la tarjeta débito para asegurarse que uno les regrese el dinero", relata a Sputnik.
La última vez que le abonaron algo fue hace cinco meses cuando la situación estaban aún más crítica. Sin embargo, las deudas adquiridas con anterioridad hicieron que ese dinero se fuera como agua entre los dedos. "A un compañero solo le quedaron 20.000 pesos [alrededor de cinco dólares]. Así es imposible seguir adelante".
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Otra enfermera, de quien prefiere no hablar con nombre propio, se la pasa con un tajo de humedad en el rostro cada vez que va al trabajo. Porque, sí, las enfermeras del hospital siguen cumpliendo con sus turnos a pesar de no tener recursos para comer. "Tiene un hijo con síndrome de Down y se quedó sin dinero para cancelarle a la señora que le ayuda con su cuidado mientras ella trabaja. Lo único que pude hacer fue darle esperanza, quizá lo que la calma y aleja un poco el llanto".
La sensación de renunciar y no volver nunca más es continua, pero el compromiso con las gentes desfavorecidas de un departamento olvidado por el Gobierno nacional es enorme. Y nadie llega tarde, todos laboran más de 12 horas, de ser necesario. La intervención de la voluntad, que llaman. Sumado a eso, el centro médico carece de elementos básicos para la atención de los pacientes: apenas un aparato para hacer ecografías, ocho camas de cuidados intensivos —dos no se pueden utilizar porque la luz se va constantemente en esa región del país— y la falta de insumos para mantener los protocolos de bioseguridad en plena pandemia del COVID-19 —tapabocas, alcohol, geles desinfectantes—.
De hecho, hace poco, un enfermo falleció cuando estaban haciéndole un proceso de reanimación, pues era necesario hacerle una transfusión y no había sangre. "Y eso no es todo. En estos días vi a una compañera que llegó con la ropa muy, pero muy sucia porque ya ni siquiera tenía jabón para lavarla y otro se desmayó porque llevaba dos días sin comer. Nuestras neveras están vacías y con buenas intenciones no las vamos a llenar", afirma Juanita.
