Resiliencia y dignidad son dos palabras con las que José de la Cruz Valencia, Líder del Comité por el derecho de las víctimas de Bojayá describe lo que ha sido sobrevivir a una de las masacres más desgarradoras en la historia de Colombia.
El 2 de mayo de 2002, es decir hace 22 años, un atroz evento sacudió los cimientos de una pequeña localidad en el departamento del Chocó, cuando en medio del conflicto armado que ha asolado a Colombia durante décadas, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y grupos paramilitares se enfrentaron en una cruenta batalla en el municipio de Bojayá, en donde la población civil se convirtió en blanco de un horror inimaginable que acabó con la vida de un centenar de personas.
José de la Cruz rememora este difícil capítulo de su vida y la de su comunidad mientras mira al río Atrato, explicando poco a poco lo que sucedió ese día:
“Tenía 15 años, estaba en mi barrio Bella Luz y lo que nos despertó fue la confrontación, la cantidad de disparos y explosiones”, dijo acordándose del día y la hora exacta en la que con su familia tuvieron que salir de su casa hacía la iglesia, como muchos en el pueblo. Sin embargo, las balas que esquivaban y caían cerca, los obligaron a retroceder y buscar otro refugio:
“El río estaba inundado y se ajustó el combate, nos tocó devolvernos dentro del agua, evitando que nos dispararan. Nos ubicamos en la casa del señor Armando Velásquez hasta cuando cayó la pipeta”, recuerda enmarcando el momento en el que todo cambió para esta comunidad que intentó buscar refugio en la iglesia sobre la que cayó un cilindro bomba lanzado por las FARC.
Cabe destacar que la comunidad intentó alertar sobre la presencia de grupos armados ilegales que se habían instalado un mes atrás en la zona.
“En abril llegaron los paramilitares y la comunidad ya sabe que si en el territorio ronda un actor y llega otro, es combate inminente. Cuando llega inicialmente la guerrilla, la comunidad le entregó un documento que se había construido años atrás: La Declaración por la Vida y por la Paz en la que se les pide que al menos en el casco urbano donde está la población no estén. Y esto también se le entregó a los paramilitares… sin embargo, ellos dijeron que como colombianos tenían derecho a estar ahí y que nadie los iba a sacar”.
