Omar Antonio Hurtado Robles trabajador bogotano habló con KienyKe.com y contó como con 58 años sin importar su experiencia laboral en diferentes compañías no encuentra una empresa que finalmente lo ayude a pensionarse.
Actualmente él tiene 1.750 semanas cotizadas. Sin embargo, le hace falta cuatro años para legalizar su jubilación. En Colombia según Colpensiones para poder obtener su pensión las personas deben tener 57 años (mujeres), 62 años (hombres) y 1.300 semanas cotizadas (aproximadamente 26 años laborando).
El bogotano se suma a los colombianos afectados por el COVID-19. El año pasado cuando comenzó la pandemia, él cumplía diez años en una empresa de construcciones, pero tras la contingencia decidieron: primero, bajar al 50 % su salario, luego, le enviaron un comunicado donde suspendieron su contrato aunque seguían pagando su salud y pensión. Finalmente, la compañía lo despidió por las bajas de ventas.
Él se considera una persona proactiva, responsable, dedicado a su trabajo y maneja sus relaciones profesionales de la mejor manera. Sin embargo, no son las características suficientes para cumplir los días de trabajo en una empresa y adquirir su pensión.
“Ha sido muy traumático para mí. A pesar de que tengo 58 años, yo soy una persona que todavía puede estar laboralmente activo”, afirmó Omar.
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Como Omar existen más colombianos con este problema. La plenaria del Senado salvó el proyecto de ley con el cual se busca estimular el empleo en los adultos mayores en el país, aprobándolo en su cuarto debate.
A esta iniciativa le resta la sanción presidencial, para impulsar el empleo en adultos mayores que no gozan de pensión, a través de la creación de incentivos tributarios para aquellas empresas que los contraten para el ejercicio de roles específicos.
Para generar empleo para esta población, las empresas que contraten a mujeres mayores de 57 años y a hombres mayores de 62, deducirán del impuesto de renta 120% de sus costos laborales, siempre que al menos 2,5% de nómina está integrada por personas mayores y que éstos duren al menos 1 año en la empresa.
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De acuerdo a las estimaciones que planteó este proyecto, se beneficiarán 2´343.373 adultos mayores del país. Además, su vinculación laboral servirá como criterio de desempate en procesos de contratación pública.