El Juzgado 72 de control de garantías acogió la solicitud de la Fiscalía y le impuso medidas no privativas de la libertad a 39 de las 41 personas que fueron sorprendidas el pasado lunes 21 de abril en medio de una fiesta clandestina en la localidad de Usaquén, norte de Bogotá.
Dichas medidas consisten en que los procesados deberán presentarse periódicamente cuando sean requeridos por las autoridades judiciales, mantener buena conducta y la prohibición de salir de la ciudad de residencia o del país.
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A uno de los imputados se le dictó detención domiciliaria debido a que, según la Fiscalía, se constató que el hombre tiene vigente una condena de cuatro años y cinco meses por porte ilegal de armas, la cual se le ordenó cumplir en su lugar de residencia en junio de 2018.
Otro de los involucrados es un ciudadano de nacionalidad venezolana, a quien se le concedió la libertad y se puso a disposición de Migración Colombia para que se adelanten los trámites respectivos para expulsarlo del territorio nacional.
La jueza mencionó que dictó estas medidas restrictivas al considerar que los sindicados, investigados por desobedecer la orden de aislamiento preventivo obligatorio por el Covid-19, “pusieron en peligro el bien jurídico de la salud pública”.
Una fiscal de la Unidad de Investigación y Judicialización de la Dirección Seccional de Bogotá les imputó el delito de violación a medidas sanitarias, el cual contempla una pena mínima de cuatro años de prisión. Ninguno aceptó los cargos.
Así descubrieron la “fiesta privada”
La delegada de la Fiscalía contó que, hacia las 12:00 de la tarde de ese lunes, las unidades de la Policía recibieron una serie de denuncias que aseguraban que se escuchaban “demasiados ruidos y gritos” en un inmueble del barrio Santa Bárbara, ubicado sobre la Carrera 9 con Calle 117A.
Mencionó que las autoridades reaccionaron de manera inmediata y que, al llegar al sitio, se dieron cuenta que se trataba de un establecimiento comercial que funciona como casa-hotel.
