Santiago Botero: qué se sabe del presunto caso de violencia intrafamiliar

Una Comisaría de Familia de Cartagena ordenó el desalojo provisional de Santiago Botero Jaramillo de la vivienda que compartía con su esposa, Manuela Echeverri Hoyos, tras una denuncia por presunta violencia intrafamiliar. La medida no constituye una decisión de fondo, pero sí activa restricciones mientras avanza el trámite.

La decisión de la Comisaría

El caso quedó consignado en un documento del 29 de mayo de 2026, en el que la Comisaría de Familia admitió la solicitud presentada por Manuela Echeverri Hoyos y ordenó varias medidas de protección provisionales. Estas decisiones no equivalen a una condena ni definen todavía la responsabilidad de Santiago Botero frente a los hechos denunciados.

Según el documento conocido, la autoridad consideró necesario adoptar medidas para proteger a la denunciante, a otra integrante de su familia y a un menor de edad mencionado en el trámite. Por esa razón, ordenó que Santiago Botero Jaramillo saliera de la vivienda que compartía con Echeverri Hoyos en Cartagena.

La orden se adoptó bajo el argumento de que la permanencia del denunciado en el inmueble podría representar un riesgo para la seguridad o integridad de la presunta víctima. Además, la Comisaría dispuso que Botero deberá abstenerse de ingresar a cualquier lugar donde se encuentre la denunciante.

Las medidas provisionales ordenadas

Además del desalojo de la vivienda, la autoridad ordenó otras restricciones mientras continúa el proceso. Entre ellas, Botero no podrá trasladar, ocultar o mover a menores de edad o personas en condición de vulnerabilidad que hagan parte del núcleo familiar, salvo autorización de la autoridad competente.

La Comisaría también dispuso acompañamiento de la Policía para Manuela Echeverri Hoyos en su residencia o en su lugar de trabajo, en caso de que ella lo solicite. Esta medida busca reforzar la protección de la denunciante durante el desarrollo del trámite.

El documento incluye, además, una orden para que Botero asista a un tratamiento terapéutico y reeducativo, cuyo costo deberá asumir según las normas aplicables a este tipo de procesos.

Otra parte de la decisión tiene que ver con los bienes familiares. La Comisaría ordenó una protección patrimonial temporal para evitar movimientos sobre bienes muebles o inmuebles de la sociedad conyugal mientras se revisa el caso. También se pidió evitar cambios en documentos societarios o decisiones sobre bienes del domicilio familiar sin autorización.

En cuanto al apartamento donde residían las partes, la autoridad ordenó a la administración del edificio realizar el cambio de guardas y llaves. Estas deberán ser entregadas únicamente a Manuela Echeverri Hoyos. También se decidió que la custodia provisional de tres perros de la familia quedara en manos de la denunciante.

¿Esto afecta su candidatura?

Por ahora, las medidas de protección no implican automáticamente una inhabilidad electoral ni sacan legalmente a Botero de la contienda. En Colombia, una candidatura solo puede verse afectada por causales previstas en la Constitución o la ley, como una condena judicial, una sanción o una inhabilidad expresamente aplicable.

En este caso, la Comisaría adoptó medidas provisionales y preventivas dentro de un trámite por presunta violencia intrafamiliar. Eso significa que todavía no hay una decisión definitiva sobre los hechos denunciados. Sin embargo, el proceso sí puede tener efectos políticos y reputacionales para el candidato, especialmente por la cercanía de las elecciones.

Qué sigue en el proceso

La Fiscalía General de la Nación fue informada de las medidas adoptadas por la Comisaría. Además, tanto Manuela Echeverri Hoyos como Santiago Botero Jaramillo fueron citados a valoración psicológica, como parte de las diligencias previstas dentro del trámite.

Botero también deberá presentar su versión de los hechos y los argumentos que considere pertinentes. Las partes fueron citadas a una audiencia en la que la autoridad continuará evaluando el caso.

Por ahora, el proceso deberá avanzar con la revisión de los hechos denunciados, las valoraciones ordenadas y la audiencia correspondiente antes de que exista una decisión de fondo.