Los ciudadanos que viven en la frontera entre Colombia y Venezuela esperan con ilusión la reapertura total de los pasos cerrados a los vehículos desde hace siete años, aunque no se fían del todo, pues todavía se conoce poco sobre el tiempo en que tardará todo en volver a aquella lejana normalidad, cuyo primer paso se da este lunes.
De ambos lados de la frontera, tanto las autoridades como los ciudadanos han manifestado su intención de que la reapertura total suponga un cambio positivo para sus vidas, por lo que creen que el regreso del transporte de carga empezará a revitalizar regiones golpeadas por un comercio disminuido a mínimos históricos durante los últimos siete años.
Sin embargo, hay muchas cosas que aún están en el aire, como el servicio de transporte público entre ambos países cuya reactivación aún no ha sido anunciada.
"La mayoría de la gente aspira a que la frontera la abran bien, como debe ser. Esperamos, principalmente, el regreso del transporte (...) para toda esta gente, esencialmente los miles de niños que a las cuatro de la mañana están pasando por acá", explica a Efe José Rafael Salas, un colombiano que vive en la localidad venezolana de Ureña y cruza tres veces a la semana a Cúcuta a hacer diligencias.
Un primer paso hacia eso que anhela Salas es el cambio que han tenido los puentes internacionales Simón Bolívar, que conecta a Cúcuta con la localidad venezolana de San Antonio del Táchira, y el Francisco de Paula Santander, que une la capital del departamento colombiano de Norte de Santander con la localidad de Ureña.
Con el retiro de los contenedores que duraron años plantados sobre los puentes y un trabajo de embellecimiento hecho en los últimos días, así como la reorganización de los puestos de control, el ambiente de los pasos fronterizos ha cambiado.
Sin embargo, el puente de Tienditas -cuya construcción terminó en 2016 y nunca fue puesto en servicio pese a contar con la mejor infraestructura para el paso de vehículos- todavía no se abrirá porque aún está bloqueado por los contenedores que puso el Gobierno de Nicolás Maduro en 2019 para evitar el paso de ayuda humanitaria gestionada por la oposición.
Del lado colombiano, la carretera que lleva al puente está bloqueada con unas maltrechas lonas negras y su resguardo está a cargo de un vigilante privado y de militares que tienen un pequeño campamento improvisado en la zona y van armados con rifles para enfrentar cualquier problema de seguridad que surja.