La medida cautelar dejó en pausa el incremento del 23,78 % que había sido anunciado por el presidente Gustavo Petro. Con ese ajuste, el salario mínimo había quedado en 1.746.882 pesos más el subsidio de transporte, para un total cercano a los dos millones de pesos. El alto tribunal ordenó al Gobierno expedir en un plazo de ocho días un nuevo decreto transitorio que cumpla de manera estricta los criterios técnicos y constitucionales exigidos para la fijación del mínimo.
En su comunicado, el Consejo de Estado subrayó que el aumento salarial debe sustentarse en variables como la inflación, la productividad y el comportamiento general de la economía, además de garantizar el proceso de concertación entre trabajadores, empresarios y el Estado. La suspensión se mantendrá mientras se estudia de fondo la demanda que cuestiona la legalidad del decreto.
