Aunque el escándalo por los archivos atribuidos a alias Calarcá fue presentado como un posible golpe institucional para las Fuerzas Militares e incluso para el Gobierno, las decisiones recientes indican que, al menos por ahora, no habrá consecuencias inmediatas para los funcionarios investigados.
La Procuraduría General de la Nación decidió no extender la suspensión provisional que pesaba sobre el brigadier general Juan Miguel Huertas Herrera, comandante de personal del Ejército Nacional, y sobre Wilmar de Jesús Mejía, director de inteligencia de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). Ambos podrían regresar a sus cargos mientras el proceso disciplinario continúa bajo reserva.
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El caso tomó fuerza en noviembre de 2025, luego de la publicación del reportaje titulado “Los archivos secretos de Calarcá”, que reveló supuestas comunicaciones y documentos extraídos de dispositivos incautados por la Fiscalía General de la Nación a disidencias bajo el mando de alias Calarcá.
El 24 de noviembre, la Procuraduría abrió indagación preliminar y, tres días después, formalizó la investigación disciplinaria, ordenando la suspensión temporal de los dos altos funcionarios. La medida buscaba garantizar transparencia y evitar posibles interferencias en la recolección de pruebas.
Sin embargo, la Sala Disciplinaria de Instrucción concluyó recientemente que no existía evidencia suficientemente corroborada de que las conductas señaladas se hubieran mantenido o concretado mientras Huertas y Mejía ejercían funciones públicas. Con base en ese análisis, determinó que no era necesario prorrogar la suspensión.
