La muerte de Kevin Arley Acosta, el niño con hemofilia que estuvo semanas sin recibir su medicamento, no solo desató cuestionamientos al sistema de salud. Ahora abrió un nuevo frente de controversia: la divulgación pública de su historia clínica por parte del presidente Gustavo Petro.
En un acto oficial, el mandatario citó apartes del documento médico del menor y sostuvo que la madre habría rechazado una intervención quirúrgica tras una caída que agravó su estado. La afirmación provocó una respuesta inmediata de la familia, que calificó la revelación como un acto indebido y anunció que evalúa demandar al jefe de Estado por vulnerar la confidencialidad médica.
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La madre de Kevin insiste en que el punto central no puede distorsionarse: su hijo padecía hemofilia A severa y estuvo cerca de dos meses sin recibir el factor de coagulación que requería, en medio de la crisis de la Nueva EPS, entidad intervenida por el Gobierno. Según ha reiterado, la interrupción del tratamiento debilitó gravemente su salud.
El debate tomó dimensión jurídica. La historia clínica es considerada por la ley colombiana como un dato personal sensible y está protegida por normas de habeas data y reserva médica. Su divulgación sin autorización expresa del titular o sus representantes puede constituir una vulneración de derechos fundamentales como la intimidad y la dignidad humana.