La Contraloría General de la República reportó hallazgos fiscales por $53.117 millones en la ejecución del Programa de Alimentación Escolar (PAE). En su revisión, la Contraloría identificó fallas asociadas a sobrecostos y pagos sin soporte. Además, alertó por un inicio inoportuno del PAE de cara al calendario escolar de 2026.
¿De dónde sale la cifra?
La Contraloría separó el total en dos grandes bloques:
El primero corresponde a auditorías de cumplimiento realizadas a 68 entidades territoriales sobre recursos del Presupuesto General de la Nación (PGN) destinados al PAE 2024, auditados en 2025. Allí se registraron más de 40 hallazgos con presunta incidencia fiscal por $24.254 millones, asociados principalmente a sobrecostos y pagos sin soportes de ejecución.
El segundo bloque se relaciona con recursos del Sistema General de Regalías (SGR) usados para financiar PAE en Nariño, Quindío, Meta y el municipio de Arauca, en las vigencias 2021-2024. En ese componente, la Contraloría reportó hallazgos con presunta incidencia fiscal por $28.863 millones, por deficiencias en etapas de los procesos contractuales y por el cumplimiento de lineamientos técnicos y nutricionales del programa.
¿Qué es un hallazgo con presunta incidencia fiscal?
En lenguaje de la Contraloría, un hallazgo con presunta incidencia fiscal no es una sanción ni una condena. Es un señalamiento técnico de posible daño al patrimonio público, sustentado en auditoría, que activa un camino institucional.
La consecuencia práctica es clara: ese hallazgo habilita a la Contraloría para abrir actuaciones de control fiscal, solicitar explicaciones y revisar soportes. Si el proceso de responsabilidad fiscal concluye que hubo detrimento y responsables, la Contraloría puede ordenar la restitución de recursos, según el procedimiento vigente.
