El presidente Gustavo Petro sancionó la Ley 2590 de 2026, que aumenta las condenas contra quienes recluten menores durante el conflicto armado o los utilicen para cometer delitos. La norma también obliga al Estado a crear nuevos mecanismos de prevención y respuesta territorial.
Penas de hasta 50 años de prisión
La ley modificó dos artículos del Código Penal. El primero establece que quien reclute a una persona menor de 18 años, la utilice o la obligue a participar directa o indirectamente en hostilidades o acciones armadas podrá recibir una condena de 480 a 600 meses de prisión, equivalentes a entre 40 y 50 años.
Además, podrá ser sancionado con una multa de entre 2.666 y 7.500 salarios mínimos mensuales vigentes. Esta conducta corresponde específicamente al delito de reclutamiento ilícito cometido con ocasión y en desarrollo del conflicto armado.
La norma también elevó las penas para quienes induzcan, faciliten, promuevan, obliguen o instrumentalicen a menores de edad para cometer delitos. En estos casos, la condena será de 18 a 30 años de cárcel.
El consentimiento del niño, niña o adolescente no elimina la responsabilidad penal de quien lo utiliza. La pena podrá aumentar entre una tercera parte y la mitad cuando la víctima tenga menos de 14 años o cuando sea vinculada con grupos armados o estructuras criminales.
La Ley 2590 fue expedida el 6 de julio de 2026 y publicada en el Diario Oficial el 9 de julio. Además del aumento de las penas, contiene medidas dirigidas a prevenir el reclutamiento y atender a los menores que logren desvincularse de organizaciones armadas.
Observatorio, alertas y control en redes sociales
El Gobierno tendrá un año para reglamentar un Plan Nacional de Prevención del Reclutamiento, Uso, Utilización y Violencia Sexual contra Niñas, Niños y Adolescentes. Este deberá incluir acciones en las familias, las escuelas, las comunidades y los entornos digitales.
