MinTIC denuncia uso de $7.255 millones en pauta de Inravisión
El Ministerio TIC puso bajo la lupa contratos financiados con recursos del Ministerio de Educación y el Dapre, ejecutados durante meses que coincidieron con la campaña presidencial de 2026.
Una revisión a la contratación de Inravisión, Sistema de Medios Públicos, detectó contratos por cerca de $7.255 millones destinados a servicios de pauta, planes y contenido digital.
Los recursos, según la información presentada por la ministra TIC, Alexandra Falla Zerrate, y la gerente de Inravisión, Ángela Mora, provenían de convenios suscritos con el Ministerio de Educación y el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre).
El hallazgo está siendo revisado debido a que parte de los recursos fueron ejecutados durante meses que coincidieron con el calendario de la campaña presidencial de 2026.
El Ministerio TIC llamó la atención sobre las fechas en las que fueron ejecutados estos recursos.
La primera vuelta presidencial se realizó el 31 de mayo de 2026, mientras que la segunda vuelta tuvo lugar el 21 de junio.
Por esta razón, la actual administración de Inravisión busca establecer cuál fue el propósito de los servicios contratados y si existió alguna irregularidad en el uso de recursos públicos.
La denuncia de MinTIC se refiere a un posible uso de recursos públicos para propaganda, pero la eventual responsabilidad y la existencia de irregularidades todavía deben ser determinadas por las autoridades competentes.
Inravisión pidió acompañamiento de los organismos de control
La revisión no se limita a estos dos convenios.
De acuerdo con la información entregada por la entidad, durante 2026 se habrían suscrito más de 1.051 contratos por un valor superior a $100.000 millones.
Además, entre el 6 y el 7 de agosto se habrían firmado 87 contratos por cerca de $4.000 millones.
Ante este panorama, Inravisión solicitó el acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República para revisar su situación contractual y presupuestal.
La investigación continuará para determinar cómo fueron utilizados los recursos y si hubo actuaciones contrarias a las normas de contratación pública.
