Para miles de niños y adolescentes en Colombia, la alimentación que reciben en el colegio representa una parte fundamental de su jornada escolar. Sin embargo, el Programa de Alimentación Escolar, PAE, enfrenta nuevas alertas relacionadas con el manejo de sus recursos y la continuidad del servicio.
La Contraloría General de la República informó este martes que encontró 41 hallazgos con incidencia fiscal por $39.139 millones, luego de realizar 32 auditorías de cumplimiento sobre los recursos del PAE ejecutados durante 2025.
Los resultados, según el organismo de control, están relacionados principalmente con problemas en la ejecución de los contratos, sobrecostos y pagos por valores superiores a los que correspondían.
¿Qué encontró la Contraloría en el PAE?
Las auditorías realizadas durante 2026 identificaron 84 hallazgos administrativos.
De ese total, 71 tienen presunta incidencia disciplinaria, uno tiene presunta incidencia penal, cinco fueron enviados a indagación preliminar y 41 presentan incidencia fiscal por los $39.139 millones señalados por la entidad.
La Contraloría agrupó las principales irregularidades de la siguiente manera:
- 60 %: problemas en la ejecución contractual, relacionados con planeación, información, supervisión y control.
- 30 %: sobrecostos en pagos a manipuladoras de alimentos y en las raciones.
- 10 %: mayores valores pagados.
Es decir, el organismo de control encontró problemas tanto en la forma en que se planificaron y supervisaron los contratos como en algunos de los valores pagados por los servicios y alimentos.
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¿Por qué preocupa la continuidad del PAE en 2026?
Además de los hallazgos fiscales, la Contraloría lanzó una alerta por la posibilidad de que cerca de 600.000 estudiantes en 13 Entidades Territoriales Certificadas puedan verse afectados por problemas de continuidad del programa.
La advertencia está relacionada con contratos que ya terminaron o están próximos a finalizar y en los que, según la entidad, no se evidencian procesos contractuales en curso o disponibilidad de recursos para garantizar la continuidad del PAE.
La preocupación, por tanto, no se limita al dinero que pudo haberse pagado de manera irregular. También está relacionada con lo que podría ocurrir con los estudiantes si el servicio no logra mantenerse.
