Luis Felipe Henao, representante de los accionistas minoritarios en la Junta Directiva de Ecopetrol, presentó una denuncia por injuria y calumnia contra Alberto José Vergara, exdirector Corporativo de Cumplimiento de la petrolera.
La acción judicial se conoce después de las declaraciones entregadas por Vergara en entrevistas recientes, en las que cuestionó las actuaciones de miembros de la Junta y sostuvo que algunas decisiones relacionadas con investigaciones internas y auditorías fueron irregulares.
Henao argumenta que esos señalamientos afectan su buen nombre y su credibilidad profesional, además de relacionarlo con hechos que ocurrieron antes de su llegada a la representación de los accionistas minoritarios.
¿Qué dijo Alberto Vergara sobre Henao?
En declaraciones entregadas a medios de comunicación, Vergara aseguró que había informado a Henao y a otros integrantes de la Junta sobre presuntas irregularidades que, según su versión, detectó durante su gestión en Ecopetrol.
Vergara mencionó específicamente a Henao y a Ricardo Rodríguez Yee, quienes continúan como integrantes de la Junta, al señalar que les habría comunicado alertas relacionadas con actuaciones dentro de la compañía.
El exdirector de Cumplimiento también cuestionó la suspensión del contrato con la firma estadounidense Covington & Burling, al considerar que se interrumpió una investigación que, según su versión, debía avanzar ante autoridades de Estados Unidos.
Estas afirmaciones corresponden a la versión entregada públicamente por Vergara y hacen parte del contexto de la disputa que ahora llegó a la Fiscalía.
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¿Qué ocurrió con Alberto Vergara en Ecopetrol?
Vergara fue separado temporalmente de su cargo como director Corporativo de Cumplimiento en junio de 2025, cuando la compañía designó a Rodolfo Mario García Paredes como encargado de esa función.
Su salida ocurrió en medio de las investigaciones internas relacionadas con un contrato de Ecopetrol con Covington & Burling.
El acuerdo inicialmente tenía un valor cercano a US$875.000, pero posteriormente fue ampliado hasta aproximadamente US$5,8 millones. La Junta Directiva cuestionó que ese otrosí no hubiera contado con su autorización.
Documentos conocidos durante las investigaciones también registraron cuestionamientos sobre la recolección y revisión de información contenida en dispositivos y comunicaciones de funcionarios de la compañía.
