El presidente Iván Duque firmó un decreto para que se reactive la aspersión aérea con glifosato en Colombia. El documento plantea el "marco normativo especial, independiente y autónomo" sobre el control del riesgo para la salud y el medio ambiente para la destrucción de cultivos ilícitos mediante dicha modalidad.
Recoge los lineamientos que ordenó la Corte Constitucional como alternativa de regulación del proceso y, debe ser avalado por el Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE), entidad que en 2015 suspendió este mismo proceso, pero que actualmente está presidido por el Ministro de Justicia, Wilson Ruiz, y algunos de sus miembros son los ministros de Salud y Agricultura, el director de la Policía Nacional, el jefe del Departamento Administrativo de la Aeronáutica Civil y la procuradora general de la Nación, por lo que se da por sentado su aprobación.
En ese sentido, es cuestión de semanas para que los aviones cargados de glifosato reanuden la aspersión en diferentes cultivos ilegales a lo largo del territorio nacional. Como también se espera que retornen los reclamos de la comunidad ambientalista, ONGs y congresistas que están en contra de esta estrategia antidroga.
De acuerdo con el decreto 380 de 2021, la consulta previa se tendrá que adelantar en caso de que la ejecución del programa de erradicación afecte a las comunidades étnicas que habitan la zona a fumigar, sin embargo, no se establece quién será el encargado de definir si la afectación es directa a la comunidad.
Por otra parte, señala que las quejas o reclamaciones por la salud de los moradores de dichas zonas tendrán que ser atendidas de forma "imparcial, independiente y comprehensiva, por una entidad distinta al ejecutor del programa". Es decir, Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS), la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) y el Fondo Nacional de Vivienda (FONVIVIENDA).
