Casi un año después de la muerte de Valeria Afanador, la niña de 10 años con síndrome de Down cuyo caso conmocionó al país, la Fiscalía General de la Nación dio un paso importante en la investigación judicial.
El ente acusador imputó a Emily Vivian Fuentes Hernández y a Danny Javier Ochoa Prada por el delito de homicidio culposo, al considerar que habrían existido presuntas omisiones en el deber de cuidado de la menor dentro de una institución educativa ubicada en la vereda Canelón, en Cajicá (Cundinamarca).
La decisión marca un nuevo capítulo en uno de los casos que más atención generó en el país durante 2025 y que abrió un debate sobre los protocolos de cuidado y protección de estudiantes con necesidades especiales dentro de los colegios.
¿Qué pasó con Valeria Afanador?
Los hechos ocurrieron el 12 de agosto de 2025.
Ese día, Valeria Afanador, una estudiante de 10 años diagnosticada con síndrome de Down, desapareció de las instalaciones del Gimnasio Campestre Los Laureles, en Cajicá.
La menor fue reportada como desaparecida luego de que, presuntamente, saliera de la institución educativa sin que nadie advirtiera su ausencia de manera inmediata.
Lea también: “Los 69 minutos perdidos” nuevas claves del caso de Valeria Afanador
Durante más de dos semanas familiares, organismos de socorro y autoridades adelantaron intensas labores de búsqueda. Finalmente, el 29 de agosto de 2025, el cuerpo de la niña fue hallado en el río Frío.
Su muerte generó conmoción nacional y múltiples cuestionamientos sobre las condiciones de seguridad del plantel educativo.
¿Por qué fueron imputados dos trabajadores del colegio?
De acuerdo con la Fiscalía, la investigación permitió establecer posibles fallas relacionadas con el cuidado y la vigilancia de la menor.
Según el ente acusador, Emily Vivian Fuentes Hernández, quien se desempeñaba como docente, habría omitido supervisar adecuadamente los desplazamientos de la estudiante y verificar que regresara del patio al salón de clases.
