Gobierno presenta nuevo protocolo de acción policial frente a protestas

El Gobierno Nacional expuso el nuevo protocolo integral que incluye procedimientos relacionados con el uso de armas letales y no letales, deberes de participantes, autoridades y vigilancia, esto sucedió durante una reunión entre el Gobierno, la Policía, Gobernación de Cundinamarca y la Alcaldía Distrital.

Durante este este martes 29 de septiembre se llevará a cabo una nueva jornada de trabajo con el fin de plantear una retroalimentación y terminar el informe que será enviado al Tribunal Administrativo de Cundinamarca el próximo miércoles.

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 El Gobierno Nacional trabaja acompañado de los gobiernos locales y otras entidades competentes para garantizar la protesta social en una forma pacífica y así avanzar en la reactivación económica de Colombia.

Vale tener presente que hace unos días una magistrada del Tribunal Administrativo de Cundinamarca pidió que se estableciera una mesa urgentemente integrada por el presidente de la República, los ministros del Interior y Densa, la Fiscalía, la Alcaldía de Bogotá y la Gobernación de Cundinamarca.

Dicha mesa tendría el objetivo de especificar cuáles serían las alternativas para solucionar a corto, mediano y largo plazo la problemática de violencia entre la Fuerza Pública y los civiles.

La misma magistrada exigió a los citados un informe que será presentado, como se habló previamente, este miércoles 30 de septiembre.

"El informe deberá contener un protocolo que le permita a las organizaciones sociales realizar las marchas con la consiguiente garantía para la población civil por el respeto a su derecho a la vida, al trabajo y a sus bienes de tal manera que se impida la infiltración de personas y grupos violentos que obligan a la policía a intervenir y que propician el exceso de la fuerza pública en algunos de sus miembros", informó el auto.

El informe debe presentar también un pronunciamiento dedicado al uso de armas por parte de la Policía y el Ejército Nacional.

La petición de la magistrada se dio luego de una tutela presentada por una ciudadana que alega vulneración al derecho a la vida, la libertad a la expresión y a la protesta.