La Fiscalía General de la Nación radicó formalmente la solicitud de audiencia de imputación de cargos contra Ricardo Roa Barragán, actual presidente de Ecopetrol, en un proceso penal que contempla dos líneas de investigación distintas. Las actuaciones se adelantan bajo la administración de la fiscal general Luz Adriana Camargo y están relacionadas con hechos ocurridos tanto durante la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022 como en transacciones personales posteriores del funcionario.
La primera imputación está vinculada al rol que desempeñó Roa como gerente de la campaña Petro Presidente 2022. Según la Fiscalía, el directivo deberá responder por el presunto delito de violación de los topes de financiación electoral, luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) estableciera que la campaña habría superado los límites legales de gastos por una suma superior a los 5.000 millones de pesos entre la primera y la segunda vuelta.
De acuerdo con el ente acusador, la responsabilidad recaería directamente sobre Roa por su función como máximo responsable de la estructura administrativa y financiera de la campaña. “La campaña electoral del Pacto Histórico superó los topes permitidos por el sistema electoral, y esa responsabilidad recae en quien fungía como gerente”, explicó el fiscal delegado Raúl González al anunciar la decisión.
La segunda línea de investigación se relaciona con presuntas irregularidades en la compra de un inmueble en el norte de Bogotá. La Fiscalía indaga la adquisición del apartamento 902, ubicado en el sector del Museo del Chicó, por un valor cercano a los 1.800 millones de pesos, precio que, según las autoridades, estaría presuntamente subvalorado frente a las condiciones del mercado.
