El presidente electo Abelardo De La Espriella puso bajo la lupa varios procesos que actualmente adelanta la Unidad Nacional de Protección, UNP, y ordenó al ministro del Interior designado, Rodrigo Lara Restrepo, solicitar la intervención preventiva de la Procuraduría General de la Nación.
La petición fue dirigida al procurador Gregorio Eljach y, según el Gobierno electo, busca que el Ministerio Público revise procesos que consideran sensibles para la seguridad del Estado, la protección de derechos fundamentales y el manejo de recursos públicos.
El punto más delicado está en un contrato de escoltas por más de $78.000 millones, identificado como el proceso de Selección Abreviada PSA-UNP-054-2026. Ese contrato estaría destinado a cubrir zonas de protección que incluyen al próximo Presidente de la República y a los miembros del nuevo gabinete ministerial.
El contrato que preocupa al Gobierno electo
De acuerdo con el comunicado, la adjudicación de ese proceso estaría prevista antes del cambio de Gobierno. Para el equipo entrante, eso impediría revisar de manera directa los perfiles, la experiencia y la idoneidad de quienes tendrían a su cargo la protección inmediata del nuevo mandatario y sus ministros.
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Por esa razón, De La Espriella pidió que la Procuraduría asuma vigilancia preventiva, solicite el expediente contractual y evalúe la conveniencia de recomendar o pedir la suspensión del proceso hasta que el nuevo Gobierno pueda revisar su necesidad, oportunidad y conveniencia.
El Gobierno electo aclaró que su solicitud se enmarca en criterios de legalidad, transparencia, planeación, responsabilidad y selección objetiva. Es decir, no se trata de una conclusión anticipada sobre irregularidades, sino de una petición para que el órgano de control revise los procesos antes de que se tomen decisiones definitivas.
