Congreso aprueba trazabilidad ganadera: así cambiaría el control a la carne

El Congreso aprobó el proyecto de trazabilidad ganadera que busca impedir que ganado vinculado con deforestación entre a la cadena formal sin control suficiente. Aunque todavía faltan la conciliación entre Senado y Cámara y la sanción presidencial, el texto ya perfila un cambio de fondo: no tanto en la carne que compra hoy el consumidor, sino en la capacidad del Estado para verificar de dónde viene.

Más control sobre el origen de la carne

Lo primero que cambiaría con esta norma no es el sabor, el precio o la presentación de la carne, sino el sistema de control que hay detrás de su circulación. La apuesta del proyecto es que el Estado pueda seguir la ruta del ganado desde su origen y cruzar esa información con datos del sector agropecuario, la propiedad rural y el monitoreo de bosques.

En términos prácticos, eso busca cerrar una falla histórica: que animales criados, movilizados o comercializados desde zonas deforestadas puedan entrar a la cadena formal sin dejar un rastro verificable. La clave del proyecto está en la interoperabilidad gradual entre sistemas que hoy funcionan de forma fragmentada. La idea es que la trazabilidad ya no dependa solo del registro ganadero, sino también de la posibilidad de contrastarlo con información predial y ambiental.

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¿Qué podría cambiar en la cadena formal?

El impacto más inmediato se sentiría en los eslabones formales del negocio. El Senado explicó que el proyecto fija un plazo máximo de dos años para que plantas de beneficio, subastas y exportadores adopten buenas prácticas, y además fortalece el Sello Ambiental Colombiano de Ganadería.

Eso significa mayores exigencias de verificación, más presión sobre la documentación del origen y una capacidad más clara para distinguir entre carne con trazabilidad verificable y carne con mayor riesgo ambiental. En otras palabras, la norma no haría que toda la carne en Colombia pase de un día para otro a ser “libre de deforestación”, pero sí elevaría el estándar de control sobre la que circula en la cadena formal.

Ese matiz importa. Presentar el proyecto como si mañana transformara por completo el mercado sería exagerado. El trámite legislativo aún no termina y, además, el verdadero desafío no está solo en aprobar la norma, sino en implementarla en un país donde la informalidad, los vacíos de catastro y la débil presencia estatal siguen siendo parte del problema.

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¿Por qué el tema no es solo ambiental?

La discusión no se reduce a una etiqueta verde. Según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), en 2024 Colombia perdió 113.608 hectáreas de bosque, y el 68 % de esa deforestación se concentró en la Amazonía, donde además hubo un aumento del 74 % frente a 2023. Entre las causas directas, el reporte menciona la praderización para el acaparamiento de tierras y la ganadería extensiva.

Por eso, el proyecto apunta también a un problema de control territorial. El texto prevé zonas de alta vigilancia en núcleos activos de deforestación y permite que la información de trazabilidad sea accesible para autoridades administrativas y judiciales. Si ese cruce de datos funciona, sería más difícil que ganado procedente de áreas protegidas o recientemente deforestadas se mezcle sin costo con el resto de la oferta formal.

Lo que está en juego para Colombia

La medida también tiene una dimensión comercial. La Unión Europea exigirá que productos como el ganado bovino puedan demostrar que no provienen de tierras deforestadas, una obligación que para operadores medianos y grandes empezará a regir desde el 30 de diciembre de 2026. En ese contexto, mejorar la trazabilidad no solo serviría para vigilar la Amazonía, sino también para responder a mercados que ya están subiendo sus exigencias.