El Gobierno colombiano le propuso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una agenda de trabajo en territorio colombiano entre el 7 y el 11 de junio, con la condición de que se escuche primero a la Fiscalía, Procuraduría y Defensoría colombianas en una audiencia privada.
La vicepresidenta y recién posesionada ministra de Relaciones Exteriores, Marta Lucía Ramírez, envió una carta a la Comisión en la que detalla los pormenores de dicha visita a Colombia, misma que ha solicitado con insistencia la Comisión para analizar la situación de derechos humanos en el país en el marco de las protestas que iniciaron el pasado 28 de abril.
Según el documento, dirigido a la secretaria ejecutiva interina María Claudia Pulido, la propuesta es: realizar la audiencia privada que había planeado realizar la CIDH en su sede en Washington el 7 de junio pero en Bogotá, para que la Comisión “reciba de la Fiscalía, Procuraduría y Defensoría los insumos relacionados con los hechos sucedidos a partir del 28 de abril y las acciones realizadas por cada entidad”.
La audiencia privada tendría tres sesiones independientes en la sede de cada entidad durante el mismo día “que le permita a la CIDH contar con un balance independiente, integral y transparente sobre la situación” en el país.
Posterior a ello, vendría la visita de trabajo en terreno que iniciaría el 8 de junio y se extendería hasta el día 11.
La vicepresidenta sugirió que este examen “comprenda mínimo cuatro días, de modo tal que tengan el tiempo suficiente para visitar las ciudades de Cali, Tuluá y Popayán”, donde se han presentado los casos de más “grave afectación a los derechos humanos a la salud, alimentación, trabajo, movilidad, desarrollo económico, la vivienda y saneamiento básico”, así como el ataque al Palacio de Justicia de Tuluá, un hecho que el Gobierno Duque equipara con la toma y retoma del Palacio de Justicia en Bogotá en 1985.
Pero además de escuchar las denuncias de organizaciones de la sociedad civil sobre los graves abusos de la fuerza pública y violaciones de derechos humanos, las autoridades colombianas le pidieron a la Comisión que reciba y escuche a “personas y organizaciones que representan sectores” afectados por las movilizaciones, como la “salud, servicios públicos”, empresarios y campesinos, así como “víctimas civiles de los bloqueos y del vandalismo, incluyendo civiles”, y miembros de la fuerza pública y las familias de los fallecidos.
