La Administración de la alcaldesa Claudia López objetó parcialmente el proyecto de acuerdo de Emergencia Climática, en específico solo una de las 50 acciones, la 4.1.3, en la que obliga al Distrito a que todas las renovaciones de flotas de los componentes Troncal y Zonal deben hacerse a movilidad eléctrica a partir de 2022.
De acuerdo con lo expuesto por la mandataria de Bogotá, esa acción no es viable financieramente, ya que renovar la flota exclusivamente con tecnología eléctrica tendría un impacto fiscal significativo en la ciudad, pues implicaría un esfuerzo mayor para el SITP al incluir una restricción de adquisición con una tecnología que, además, requiere nueva infraestructura.
"Acelerar el proceso de transición hacia la movilidad eléctrica no significa necesariamente hacerlo bien, más cuando ya hay una hoja de ruta establecida. Además, la ciudad se encuentra haciendo grandes esfuerzos en términos de inversión para mitigar la crisis social y económica producto del Covid-19", señaló.
De realizar la renovación y adquisición de flota exclusivamente con tecnología eléctrica a partir de 2022, frente a otras tecnologías la diferencia en el Fondo de Estabilización Tarifaria – FET en el periodo 2021 – 2031 sería de $4.2 billones.
"Si el Concejo se comprometiera en aprobar las fuentes necesarias para acelerar la renovación de la flota, tal como se hace en otros países y ciudades del mundo, donde primero se disponen y garantizan los recursos y luego se generan las obligaciones, la Administración respaldaría cualquier acuerdo en ese sentido. Pero generar la obligación sin recursos no es viable ni sostenible", concluyó la alcaldesa.
El secretario de Hacienda, Juan Mauricio Ramírez, también explicó que apropiar recursos adicionales para acelerar la adquisición de la flota eléctrica en los términos indicados en el proyecto de acuerdo, generaría un impacto negativo en el Marco Fiscal de Mediano Plazo, afectando el indicador de sostenibilidad de las finanzas de Bogotá.
