Una decisión judicial ha generado controversia en el ámbito sanitario tras conocerse que un juez ordenó a una Entidad Promotora de Salud (EPS) entregar dos muñecas sexuales inflables a un usuario, como parte de un tratamiento para atender afectaciones psicológicas.
El caso, ocurrido en la ciudad de Bucaramanga, se originó a partir de una acción de tutela presentada por un hombre que argumentó sufrir de baja autoestima y problemas emocionales que impactan su salud mental. En su solicitud, el ciudadano afirmó que la inclusión de estos dispositivos sexuales en su tratamiento era necesaria para mejorar su bienestar psicológico.
Pese a que la solicitud causó sorpresa, el juez falló a favor del demandante, considerando que se debía garantizar su derecho fundamental a la salud mental. La sentencia obliga a la EPS implicada a adquirir y entregar los artículos como parte del tratamiento integral prescrito.
La decisión no tardó en despertar reacciones por parte de representantes del sector salud. Sergio Prada, director de la Clínica San Luis de Bucaramanga, calificó la sentencia como un “abuso del sistema”. En declaraciones a RCN Radio, cuestionó la priorización de recursos en un contexto donde persisten múltiples dificultades estructurales.
