El caso de Valeria Afanador, la niña de 10 años encontrada sin vida el 29 de agosto en inmediaciones del río Frío en Cajicá, continúa generando conmoción y múltiples interrogantes. Tras 18 días de intensa búsqueda, su hallazgo estremeció al país y abrió un nuevo capítulo en las investigaciones: la posible responsabilidad del colegio donde fue vista por última vez.
La Gobernación de Cundinamarca confirmó que se abrió un proceso administrativo contra el Gimnasio Campestre Los Laureles, institución educativa a la que asistía Valeria. El gobernador Jorge Emilio Rey explicó que la investigación busca establecer si el colegio cumplió con los protocolos de seguridad exigidos por ley y si aplicó de manera correcta su plan de gestión del riesgo el día de la desaparición.
“Es un proceso que, de comprobarse ineficiencias o fallas en la aplicación del plan de gestión del riesgo, podría llegar hasta decretar el cierre del establecimiento”, advirtió el mandatario en diálogo con medios radiales.
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Actualmente, las pesquisas avanzan en dos frentes: por un lado, la Fiscalía y Medicina Legal intentan esclarecer la causa de muerte de Valeria y determinar si existió la intervención de terceros; por otro, la Gobernación analiza la actuación del colegio y su nivel de responsabilidad en la salida de la menor.
El propio gobernador Rey precisó que la continuidad del plantel dependerá en gran medida de los resultados de la primera investigación: “La suerte de la investigación principal determinará la suerte de esta investigación accesoria. Si se confirma negligencia institucional, podrían tomarse decisiones de fondo, incluida la suspensión de actividades académicas”, sostuvo.
