Alexadra Rojas, una líder campesina y defensora de derechos humanos del municipio de Calamar, localizado en el Bajo Guaviare, alertó esta semana en Bogotá sobre una creciente ola de violencia que azota a las regiones, en medio del incumplimiento de compromisos por parte del Gobierno Nacional.
La líder forma parte de un grupo de mujeres y líderes sociales que decidieron regresar a la capital para exigir garantías de seguridad y una verdadera presencia estatal en sus territorios.
"Llegamos a territorio y a los poquitos días nos mataron un guardia campesino del Bajo Guaviare", declaró con firmeza haciendo referencia a noviembre de 2024, cuando indígenas y campesino vinieron a exigir garantías al Gobierno Nacional dada la difícil situación de violencia. Pese a las advertencias hechas por las comunidades sobre la presencia de disidencias en sus territorios, el Estado los abandonó. Por lo que en una nueva mesa de diálogo. esperan que el Gobierno entienda la crisis de seguridad y actúe, pues la líder dejó en evidencia la grave situación que viven cientos de familias rurales que, tras retornar a sus veredas, han sido blanco de amenazas, extorsiones y desplazamientos forzados.
Compromisos incumplidos por el Gobierno
En noviembre de 2024, esta líder junto con otras asociaciones comunitarias viajaron a Bogotá para advertir a las autoridades sobre el riesgo inminente de violencia en la región.
Según la denunciaante, en ese momento "se sentaron en las mesas de diálogo con algunos entes gubernamentales, y les hicieron creer que les darían protección". Pues pese a las promesas, afirma que "no, nos les cumplido".
La lideresa denunció que de los 16 puntos acordados en esa primera mesa, ninguno se ha implementado: "Hicieron una visita leve al puente amarillo que estaba amenazado de ser derribado, y dijeron que volverían con gente especializada… pero realmente no volvieron". La falta de seguimiento, advierte, ha dejado a las comunidades expuestas y solas frente al avance de los grupos armados ilegales.
