La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), le ordenó a la Alcaldía de Medellín remitir, en cinco días, la información completa sobre todos y cada uno de los cuerpos hallados e identificados de los que tenga conocimiento en la Comuna 13.
Este requerimiento se hace en el marco de la solicitud de las medidas cautelares que la JEP está estudiando tomar en 16 zonas del país.
La JEP informó la urgente necesidad de definir un universo de víctimas para continuar con los procesos de búsqueda, exhumación e identificación.
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De igual manera, la Entidad señaló que ha consolidado una base de datos de datos de víctimas de desaparición forzada de la Comuna 13, con 417 registros, a partir de información suministrada por el Centro Nacional de Memoria Histórica, la Fiscalía General de la Nación, el MOVICE y la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.
Por lo anterior, y a fin de avanzar desde ya en una respuesta restaurativa, la Sala le ordenó a la Alcaldía de Medellín que a partir de esa información desarrolle las acciones necesarias para consolidar la base de datos definitiva de víctimas y proceda a identificar y contactar a sus familiares para informarles el desarrollo del actual proceso y garantizar sus derechos.
La JEP manifestó su sorpresa por el hecho de que las entidades constitucional y legalmente responsables de esta tarea no consolidaron en veinte años una base de datos que defina el universo de víctimas de desaparición forzada en Medellín. Además, consideró que esta omisión ha dificultado que se ofrezca la debida respuesta y atención estatal a las víctimas, como también ha ocultado la verdadera dimensión de este crimen, invisibilizando el dolor y la necesidad de cientos de familias.
Requerimientos a otras entidades
La JEP también ordenó al Instituto Colombiano de Medicina Legal que, ante el grave extravío del material forense recaudado de siete cadáveres de personas no identificadas que fueron exhumadas por la Fiscalía en agosto de 2003, indique en detalle: de qué manera se debió guardar la cadena de custodia de las muestras óseas extraviadas; quiénes fueron los funcionarios responsables de la toma de tales muestras, así como de su administración y cuidado; cuál es el estado actual de las averiguaciones que se han adelantado para intentar ubicarlas; y cuáles son y en qué etapa procesal se encuentran las investigaciones disciplinarias que se han promovido para determinar los responsables de lo sucedido.
Además, la Entidad le reiteró al Instituto de Medicina Legal que esa institución debe allegar todos los soportes documentales relativos a las necropsias, muestras, cartas dentales y perfiles genéticos (en caso de que efectivamente se hayan obtenido) de los cuerpos mencionados anteriormente, así como la ubicación específica e identificación de las bóvedas en donde aquellos cuerpos se encuentran actualmente.
