Comunidades campesinas del norte de Colombia, que durante 25 años convivieron con los efectos de dos minas gestionadas por una filial de la multinacional suiza Glencore, esperan la decisión de la Corte Constitucional en su petición de que la minera se haga responsable de las afectaciones que supuso su cese de actividades en la zona.
Las dos minas, Calenturitas y la Jagua, se dedicaron a la extracción de carbón en un corredor minero entre los norteños departamentos de César y Magdalena hasta que Prodeco renunció a sus licencias mineras ante la Autoridad Nacional de Minería (ANM), culpando a los impactos que tuvo la pandemia en sus actividades.
Para la comunidad, sin embargo, el cierre se dio "de manera inesperada e irregular", lamentó en una entrevista con EFE el representante legal de la Asamblea Campesina del Cesar, Evert Francisco García.
En este contexto, alrededor de 20.000 personas de comunidades indígenas, campesinas, afro y sindicatos se unieron en una lucha en la que buscan ser reparados por los daños ambientales y económicos que supuso el cierre de las minas, y finalmente recibirán una respuesta de la Corte este lunes.
La tutela fue interpuesta hace casi dos años, en agosto de 2022, y esperan una respuesta positiva que los tenga en cuenta en este cierre minero, que sentaría "un precedente" en la garantía de los derechos humanos en la clausura de minas en el país.
"Lo que queremos es que la empresa no salga del territorio sin reparar lo que ha dañado", explicó García, para agregar: "No nos pueden dejar con esa cantidad de huecos y daños al ambiente y a la salud y se queden como si no hubiera pasado nada".
Familias abandonadas
Las comunidades que vivían a los pies de la mina sufrieron un fuerte golpe económico con el cese de las minas porque "muchos trabajaban allá y se quedaron sin manera de mantener sus familias", por lo que piden atención de las autoridades para lidiar "con los impactos sociales y ambientales resultantes de la explotación".
