En Hungría, el primer ministro ahora puede gobernar por decreto. En el Reino Unido, los ministros tienen lo que un crítico llamó poder “impactante” para arrestar a la gente y cerrar las fronteras. El primer ministro de Israel ha cerrado los tribunales y ha emprendido una estrategia de vigilancia invasiva de la ciudadanía. Chile ha desplegado al ejército en las plazas públicas otrora ocupadas por manifestantes. Bolivia postergó sus elecciones.
A medida que la pandemia del coronavirus frena al mundo de manera trepidante y los ciudadanos inquietos exigen medidas, los dirigentes mundiales están invocando facultades ejecutivas y haciéndose de una autoridad prácticamente dictatorial ante escasa resistencia.
Los gobiernos y los grupos defensores de derechos concuerdan en que estos tiempos extraordinarios requieren medidas extraordinarias. Los Estados necesitan nuevas facultades para cerrar sus fronteras, efectuar cuarentenas y monitorear a las personas infectadas. Los expertos en derecho constitucional afirman que muchas de estas medidas están protegidas por normas internacionales.
Sin embargo, muchos críticos dicen que algunos gobiernos están aprovechando la crisis de salud pública para hacerse de nuevas facultades, que poco tienen que ver con el brote, con pocas protecciones que garanticen que no abusarán de su nueva autoridad.
Las leyes están entrando en vigor con mucha rapidez en una amplia gama de sistemas políticos, en Estados autoritarios como Jordania, democracias titubeantes como Hungría y democracias tradicionales como el Reino Unido. Y hay pocas disposiciones de extinción para garantizar que estos poderes se anulen una vez que cese la amenaza.
“Podríamos ver una epidemia paralela de medidas autoritarias y represoras al poco tiempo, si no es que inmediatamente después, de una epidemia sanitaria”, dijo Fionnuala Ni Aolain, relatora especial de las Naciones Unidas sobre contraterrorismo y derechos humanos.
Conforme las nuevas leyes expanden la vigilancia del Estado, les permiten a los gobiernos arrestar a personas por tiempo indefinido y transgreden las libertades de reunión y expresión, también podrían moldear la vida cívica, la política y las economías de las décadas venideras.
La pandemia ya está redefiniendo las normas. Los sistemas de vigilancia invasiva en Corea del Sur y Singapur que, en circunstancias normales, habrían sido censurados, ahora han sido elogiados por frenar las infecciones. Los gobiernos que al principio criticaron a China por confinar a millones de sus ciudadanos en un confinamiento de emergencia, desde entonces han seguido su ejemplo.
El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha autorizado a la agencia de seguridad interior del país para que monitoree a los ciudadanos por medio de una mina secreta de datos de teléfonos celulares recabados para fines de contraterrorismo. Al monitorear los movimientos de la gente, el gobierno puede castigar a los que desobedezcan las órdenes de aislamiento con sentencias de hasta seis meses de prisión.
Además, con la orden de cerrar los tribunales de la nación, Netanyahu retrasó su comparecencia programada para enfrentar cargos de corrupción.
En algunas partes del mundo, estas nuevas leyes de emergencia han revivido antiguos temores en torno a la ley marcial. La semana pasada, el Congreso de Filipinas aprobó una legislación que le confirió al presidente Rodrigo Duterte poderes de emergencia y 5400 millones de dólares para hacer frente a la pandemia. Los legisladores suavizaron una propuesta de ley anterior que habría permitido que el presidente tomara el control de negocios privados.
“Esta concesión ilimitada de poderes de emergencia es equivalente a una autocracia”, declararon en un comunicado los Abogados Preocupados por las Libertades Civiles, un grupo filipino defensor de derechos. Los abogados señalaron que Duterte alguna vez comparó la Constitución del país con un “pedazo de papel de baño”.
