Después de las consultas presidenciales del 8 de marzo, la seguridad de los aspirantes entró en una nueva fase. El Gobierno anunció que retirará los refuerzos extraordinarios de quienes quedaron por fuera de la competencia y reorganizará esos recursos para fortalecer a los ganadores y, en los próximos días, a quienes formalicen su candidatura presidencial.
Del precandidato al candidato: qué cambia
La decisión, anunciada por el ministro del Interior, Armando Benedetti, no supone desmontar de manera automática todos los esquemas de protección. Lo que se retira, según explicó el Gobierno, son los componentes adicionales asignados por la condición de precandidatos en consulta: hombres, vehículos y armamento reforzado que se activaron para esa etapa del proceso. Los esquemas ordinarios que algunos ya tenían por riesgo previo se mantienen, y cualquier cambio adicional deberá pasar por la ruta regular de evaluación de la Unidad Nacional de Protección (UNP).
El anuncio fue discutido en el Comité de Coordinación y Recomendación de Medidas de Protección en el Proceso Electoral (CORMPE), la instancia interinstitucional que revisa medidas de seguridad para actores del proceso electoral. En esa lógica, el mensaje del Gobierno es que la protección no depende únicamente de la aspiración política, sino del nivel de riesgo que se determine en cada caso. Por eso Benedetti insistió en que quien considere que su situación cambió puede acudir a la UNP para pedir un nuevo estudio.
Los ganadores entran en otra etapa
La otra cara de la decisión es el refuerzo a quienes sí salieron fortalecidos de las consultas. El Gobierno dijo que reorganizará parte del personal liberado para fortalecer los esquemas de Paloma Valencia, Claudia López y Roy Barreras, ganadores de las consultas interpartidistas del 8 de marzo. No es una medida menor: desde el punto de vista político, el Estado está trazando una frontera clara entre la etapa de selección interna y la campaña presidencial propiamente dicha.
