La comisiones segundas de Senado y Cámara se reunieron este miércoles 4 de noviembre para discutir el acuerdo de Escazú, pero luego de más de tres horas de discusión, las críticas y objeciones de los legisladores impidieron que se realizara la votación.
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Pese a la intención del gobierno nacional de ratificar el acuerdo de Escazú por medio del Congreso de la República, las bancadas no tienen unidad de conceptos frente al acuerdo y la defensa y oposición a ratificarlo vienen de todas las aristas políticas.
Las posiciones en contra argumentan que el acuerdo puede mermar la soberanía del territorio por parte del Estado y que las normas que propone el acuerdo producto de una conferencia de las Naciones Unidas en su mayoría se encuentran dentro de la regulación colombiana.
Ese fue el argumento del senador del Centro Democrático Ernesto Macías, quien señaló que “el Acuerdo de Escazú no es la hecatombe que presagian algunos, ni la panacea que sueñan otros. Si uno lee el tratado, realmente Colombia tiene el 90% de la normatividad allí contenida, entre decretos, leyes, jurisprudencia, políticas de Estado y del Gobierno”, sostuvo.
Por su parte, los defensores de la ratificación, entre los que se encuentra el gobierno y parte de la bancada de oposición, afirman que el acuerdo de Escazú le daría herramientas al país para la protección ambiental, de líderes ambientales, afrontar el cambio climático e incluso aportar a la solución de problemas de tierras.
El gobierno solicitó al Congreso que ratifique el acuerdo ambiental regional de Escazú (Costa Rica), que comprende a América Latina y el Caribe, a través de la participación en la sesión del ministro de Ambiente, Carlos Eduardo Correa, y la canciller Claudia Blum.