El caso de Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las Regiones, ha dado un giro inesperado tras su vinculación a un escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). En la mañana del miércoles, una jueza de Bogotá decidió imponerle prisión preventiva, pero en lugar de un centro penitenciario común, será enviada a una guarnición militar mientras avanzan las investigaciones en su contra.
La decisión se dio luego de que la Fiscalía presentara elementos probatorios que, sustentarían la medida de aseguramiento. En sus declaraciones, la jueza destacó que la exfuncionaria debía ser trasladada a un centro que garantizara su derecho a la vida e integridad, dada la gravedad de los cargos en su contra y la naturaleza del escándalo.
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El caso se remonta a los señalamientos realizados por Sneyder Pinilla, exsubdirector de la UNGRD, quien reveló que Ortiz habría actuado como intermediaria para entregar 3.000 millones de pesos al entonces presidente del Senado, Iván Name. Estos fondos, según la investigación, fueron obtenidos de manera ilícita y utilizados en un esquema de corrupción relacionado con la malversación de recursos públicos.
