La jueza consideró que el acuerdo no cumplía los requisitos legales y cuestionó que solo se contemplara la devolución de 150 millones de pesos, pese a la magnitud del peculado. Señaló que el daño patrimonial fue subvalorado y recordó que Barreto habría cometido dos peculados por apropiación, por lo que la cifra debía ser mayor. En palabras de la togada: “No es admisible equiparar el verbo apropiarse con el incremento patrimonial producto de esa apropiación”.
Según la Fiscalía, Barreto “planeó, coordinó y agilizó” un contrato con sobrecostos de 12.065 millones de pesos en la UNGRD. Habría participado en la selección del contratista junto al exdirector Olmedo López y al entonces director de Función Pública, César Manrique Soacha (prófugo de la justicia), recibiendo parte de las coimas.
Barreto, detenido desde septiembre de 2024, aceptó su responsabilidad en peculado por apropiación y soborno en actuación penal, y ofreció colaborar como testigo en otros procesos. Sin embargo, la jueza recordó que él y el abogado Édgar Riveros ofrecieron sobornos a López y al exsubdirector Sneyder Pinilla para que no declararan en su contra ni en la de Manrique.
Además, se reveló que en una reunión en la que Barreto y Riveros ofrecieron a los testigos un porcentaje de contratos de plantas y pozos —equivalente al 5% o $3.000 millones— a cambio de modificar sus declaraciones. En esa conversación, Barreto aseguró: “Yo le doy la garantía, sí, usted sabe que yo en lo que he estado con sumercé he sido, lo que yo digo lo cumplo”.
Incluso, señaló que su intención era “victimizarse” para eventualmente reincorporarse al Gobierno: “Todo se hace muy bien”, prometió.
