La Corte Suprema de Justicia, en sesión ordinaria, confirmó que la Sala de Instrucción abrió una investigación formal contra el representante a la Cámara del Pacto Histórico, David Racero, por el presunto delito de concusión.
Los hechos están relacionados con presuntas irregularidades en la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) de Racero, debido a que el expresidente de la Cámara habría utilizado integrantes de su equipo de trabajo en un negocio personal.
Además, es señalado de supuestamente obligarlos a realizar pagos con parte de su salario.
Así las cosas, el magistrado o César Augusto Reyes Medina ordenó la práctica de pruebas en contra de David Racero.
“Se investigan las circunstancias que rodearon las consignaciones hechas a cuentas del representante a la Cámara por integrantes de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL)”, indicó el alto tribunal.
- Le puede interesar: Petro, Epa y Uribe: la comparación que incendia al país
Según El Tiempo, la Corte Suprema de Justicia cuenta con un compilado de chats que dejarían en evidencia la supuesta utilización de integrantes de su UTL en funciones ajenas, que estarían presuntamente destinadas a servir intereses personales de David Racero.
El citado medio también precisó que el alto tribunal ordenó a las empresas de telefonía móvil Claro, Movistar, Tigo, ETB y Virgin enviar, en un máximo de tres días desde la notificación, los registros de las celdas relacionadas con las comunicaciones entre el congresista y Jhon Leonardo García durante el periodo 2020-2022.
El objetivo es aportar información que permita determinar las características de la relación laboral entre el conductor y el representante.
La investigación sobre Racero, que también cursa en el ámbito disciplinario en la Procuraduría, está vinculada con una presunta solicitud realizada por el congresista a una de sus asesoras, para que le transfiriera una parte de sus ingresos cuando laboraba en el Congreso de la República.
Además, se busca determinar si el representante a la Cámara habría instruido a otro integrante de su equipo legislativo a suspender sus tareas en el Congreso para trabajar en la atención de un mercado de frutas y verduras, negocio del que sería propietario.
