Así gastará la Policía 13.800 millones de pesos antes de acabar el año

Desde gorras, explosivos, uniformes del ESMAD, hasta una encuesta de percepción de imagen son algunos de los millonarios contratos que la Policía Nacional tiene contemplados para inversión durante los últimos meses del año. Cuatro contratos que suman en total 13.800 millones de pesos.

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Uno de los contratos para los que la Policía Nacional abrió convocatoria, busca la “adquisición de granadas H.E y explosivos”, valuado en mil 600 millones de pesos, para la compra de 5.478 granadas de mano, mano práctica y tipo mortero. Adicional a esto, se adquieren también elementos para detonación y otros implementos explosivos.

Otro de los polémicos contratos que abrió la Policía es para la adquisición de protección de los miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios ESMAD. El contrato tiene un valor estimado de 5.685’984.319 pesos para dotar al personal de varios elementos.

El contrato se estableció para comprar 1.501 protectores corporales antimotín por un valor unitario de 3.395.000 pesos; 2.255 escudos antimotín que cuestan por unidad 254.000 pesos; 3.867 cascos tácticos antimotín por valor de 418.000 pesos cada uno, así como 258 canilleras antimotín 326.000 pesos cada una.

Otra de las millonarias convocatorias de la institución busca comprar 250.000 gorras tipo beisbolera para los uniformados, por un valor unitario de 25.950 pesos, lo que representa una inversión de más 6.487 millones de pesos en cachuchas para los agentes de la Policía.

El cuarto contrato, que entró en convocatoria pública el pasado 3 de septiembre, convoca a empresas encuestadoras para “realizar, aplicar y analizar encuestas que permitan medir la calidad del servicio de la Policía, percepción de seguridad, victimización, efectividad de las estrategias implementadas por la Policía Nacional en materia de convivencia y seguridad ciudadana”.

Este último, aunque tiene el menor valor de los demás al contemplar una inversión de 286 millones de pesos, es especialmente el más polémico debido a que se abrió tan solo 6 días antes del procedimiento policial que causó la muerte del abogado Javier Ordóñez, que provocó fuertes cuestionamientos a la Policía Nacional y planteó una reforma estructural a la institución.

Por lo que, probablemente, una encuesta de percepción hacia la Fuerza Pública en este final de año, no arroje los mejores resultados de la imagen ciudadana de esa institución, que además es cuestionada por más presuntos abusos policiales cometidos durante la jornada de protestas del 9 y 10 de septiembre.

Este grupo de contratos fue revelado por el senador del Polo Democrático Wilson Arias, quien expresó preocupación por la millonaria inversión de dotación de la Fuerza Pública, en medio de la crisis desatada por la pandemia y la falta de recursos para financiar alivios a estudiantes o población vulnerable.

“El gobierno sigue invirtiendo en represión en medio de una aguda crisis económica y social del país; en esta oportunidad, más de $13.000 millones para comprar escudos, trajes antimotines, gorras, cascos y aún para hacer encuestas de opinión para conocer la percepción ciudadana sobre la Policía”, señaló el senador.

El senador Arias ha hecho seguimiento a los contratos de la Policía Nacional. Reveló en el pasado mes de julio un contrato por 9.500 millones de pesos para adquirir 81.000 gases lacrimógenos, 13.000 balas “como las que mataron a Dilan Cruz”, 23.775 esferas marcadoras, 11.000 granadas de aturdimiento y 5.000 granadas multi impacto. 

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Con estas convocatorias públicas, según Arias, son tres los contratos que el presidente Iván Duque le ha dado a la Policía por un valor mayor a los 27.000 millones de pesos, en total, para su dotación.

“Mientras tanto, en el Congreso de la República, por falta de recursos, le niegan la extensión del programa del subsidio a la nómina a los más pequeños microempresarios”, indicó el senador. Señaló también que, en medio de la aguda crisis económica y social debido a la pandemia, los estudiantes universitarios carecen de matrícula cero y las familias no cuentan con renta básica que les ayude a superar en el corto y mediano plazo su situación.