El cierre de 2025 dejó varios proyectos de alto impacto sin definición y, sobre todo, con poco margen político para destrabarlos rápido. En 2026 el reloj corre más: el periodo ordinario será más corto por elecciones y muchas decisiones quedarán atravesadas por la campaña.
Calendario recortado y clima preelectoral
La reforma al calendario legislativo fijó que, en año de elecciones al Congreso, el periodo ordinario arranca el 16 de marzo y va hasta el 20 de junio. Eso reduce semanas de discusión y vuelve más costoso votar reformas estructurales: cada debate se convierte en munición electoral. El cierre de 2025 ya mostró esa tensión, con sesiones anunciadas y proyectos “en fila” que no alcanzaron plenaria o quedaron enredados en trámite.
Reformas sociales: lo que sigue vivo y lo que vuelve
El frente más visible es la salud. La Comisión Séptima del Senado archivó la reforma en diciembre de 2025, pero quedó abierta la apelación, un recurso que puede mover la decisión a otra instancia del Congreso. Si prospera, el Gobierno intentaría revivir el proyecto por la vía procedimental; si no, el camino sería radicar un texto nuevo, probablemente con ajustes y más concesiones.
En reforma laboral, el antecedente es de bloqueo: fue archivada en Comisión Séptima en marzo de 2025. El Gobierno trató de reabrir la discusión con una consulta popular, sin éxito en el Senado. En 2026 puede volver, pero con un incentivo bajo para que los congresistas asuman el costo de votar un tema polarizante en plena campaña.
En reforma pensional, el foco está entre la implementación y el frente jurídico. Tras el pronunciamiento que obligó a corregir el trámite, la Cámara realizó una sesión para subsanar el procedimiento y acogió el texto del Senado. Aun así, sigue pendiente el pronunciamiento definitivo sobre la validez final del proceso.
"Paz total" y seguridad: ley de sometimiento en el radar
Otro proyecto con peso político es la ley de sometimiento (o de “consolidación de la paz”), que busca definir tratamientos penales diferenciados y reglas para el desmantelamiento de organizaciones armadas. Por su naturaleza, es un debate que mezcla seguridad, justicia y territorio, y suele exigir audiencias y negociación fina en Comisión Primera. En año electoral, ese cruce puede acelerar acuerdos puntuales o, al contrario, congelar decisiones por miedo al costo político.
