Las cárceles de todo el mundo se han convertido en potentes zonas de transmisión del coronavirus, lo que ha obligado a que algunos gobiernos tengan que liberar a cientos de miles de presos en una loca lucha por frenar la propagación del contagio tras las rejas.
La pandemia también desencadenó rebeliones de prisioneros, puesto que los presos enojados han hecho que se preste atención a los problemas crónicos de los sistemas correccionales en muchos países, incluidos el hacinamiento, la suciedad y el acceso limitado a la atención médica.
En Brasil, que tiene uno de los sistemas penitenciarios más grandes y sobrecargados, los reclusos han grabado videos tras las rejas en los que amenazan con matar a los guardias a menos que el gobierno actúe rápidamente para mejorar sus condiciones.
En Colombia, los prisioneros preocupados por contraer el coronavirus organizaron un motín que dejó un saldo de 23 fallecidos. El viernes, los reclusos de un centro penitenciario en Buenos Aires, Argentina, se enojaron por la falta de protección contra el virus y durante nueve horas se amotinaron realizando acciones como subirse al techo de las instalaciones, quemar colchones y exhibir una pancarta que decía: “Nos negamos a morir en la cárcel”.
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A medida que el virus fue sumiendo prácticamente a todos los países en una crisis el mes pasado, los expertos de la ONU en materia de detención, la Organización Mundial de la Salud y activistas de derechos humanos han instado a los gobiernos a que se apresuren a reducir sus poblaciones de prisioneros.
“En muchos países los centros de detención están atestados, y en algunos casos lo están de manera peligrosa” dijo Michelle Bachelet, alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, en un comunicado. Agregó que las consecuencias de descuidarlos “podrían ser catastróficas”.
Al menos 125 países tienen poblaciones de prisioneros que superan las capacidades de sus sistemas correccionales, incluidos 20 que tienen más del doble de los reclusos que pueden albergar, según el Informe Mundial sobre Prisiones, una base de datos del Instituto de Investigación de Política Criminal de la Universidad de Londres.
La facilidad de propagación del virus tras las rejas se evidenció en febrero, cuando al menos 555 reclusos en China se infectaron en instalaciones en las provincias de Hubei, Shandong y Zhejiang.
En respuesta, el gobierno despidió a varios guardias por no haber evitado el brote, prohibió las visitas a la prisión y exigió que los guardias de varias instalaciones permanecieran en sus puestos durante semanas.
Cinco prisiones de Hunan designaron un edificio dentro de sus instalaciones para aislar a los prisioneros y guardias infectados. Los reclusos en una prisión de Shandong fueron trasladados a hoteles para ponerlos en cuarentena luego de que un guardia regresó de Wuhan, donde se reportó por primera vez el coronavirus, e infectó a otros guardias y reclusos.
Conforme el virus se extendía rápidamente a través de las fronteras en las siguientes semanas, los funcionarios de muchos países suspendieron las visitas a las cárceles, pero lucharon por imponer medidas de distanciamiento social en las instalaciones sobrepobladas.
Irán, que ha sido uno de los países más afectados, a mediados de marzo liberó temporalmente a unos 85.000 detenidos, incluidos algunos presos políticos. Pero los defensores de los derechos humanos también han criticado a Irán por lo que definen como una dura represión de los reclusos que han protestado por el riesgo de infección.
