La Ley de Insurrección que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no descarta invocar para contener protestas en el país permite al mandatario desplegar al Ejército para reprimir episodios de desorden civil.
Aunque popularmente se la conoce como Ley de Insurrección de 1807, se trata en verdad de una amalgama de distintos estatutos promulgados por el Congreso entre 1792 y 1871, según subraya el Centro Brennan para la Justicia, un instituto de pensamiento no partidista que aboga por el Estado de derecho.
Esa normativa está considerada uno de los poderes de emergencia más contundentes.
Poder presidencial
En circunstancias normales, la ley Posse Comitatus prohíbe que el Ejército participe en actividades de aplicación de la ley civil. Invocar la Ley de Insurrección suspende temporalmente esa otra legislación.
Está pensada para ser aplicada en crisis que superen la capacidad de respuesta de las autoridades civiles, pero, según el Centro Brennan, su uso no está claramente definido ni limitado, lo que otorga a los presidentes un poder considerable para estipular cuándo y dónde desplegar las fuerzas militares dentro del país.
Aunque una de sus provisiones -la 251- señala que requiere el consentimiento de un Estado, otras dos -la 252 y 253- le permiten movilizar a las tropas sin la petición del Estado afectado e incluso en contra de su voluntad.
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Diferencias con la ley marcial
La Ley de Insurrección no debe confundirse con la ley marcial, entendida como un poder que permite al Ejército asumir el papel del gobierno civil en una situación de emergencia.
En cambio, sí autoriza que las fuerzas armadas ayuden a las autoridades civiles. El Centro Brennan recuerda que un presidente no tiene autoridad para invocar la ley marcial.
