El expresidente peruano Alberto Fujimori falleció este miércoles a los 86 años en su domicilio en Lima, beneficiado por un indulto que le permitió salir de prisión. Su muerte ha interrumpido también otros juicios abiertos en su contra y por los que miles de víctimas siguen esperando reparación.
Las esterilizaciones forzosas, la masacre de seis campesinos, la venta de armas a las desmovilizadas FARC y un caso de corrupción, son los casos más recordados que han rodeado al exmandatario en los últimos años.
1.- Las esterilizaciones forzosas
En el régimen de Fujimori se diseñó y presentó un plan de control de la natalidad que planteaba reducir los índices de pobreza y tasa de nacimientos entre la población rural y de la selva peruana, con el fin de elevar las condiciones económicas del país.
Sin embargo, este plan dio prioridad a la llamada anticoncepción quirúrgica voluntaria (AQV), principalmente entre mujeres, sin cumplir con los protocolos de información previa, voluntad y condiciones adecuadas, e imponiendo "cuotas" para los médicos a cargo de las operaciones.
Este caso ha sido abierto y archivado varias veces en Perú desde que se denunciaron los hechos y han incluido, además de a Fujimori, entre los responsables, a los entonces ministros de Salud por haber dado presuntamente instrucciones para la ejecución de ese programa, con incentivos para el personal médico que participó.
En agosto pasado, la Justicia peruana confirmó la anulación de la acusación penal contra el expresidente, lo que dejó sin efecto todas las diligencias y actos procesales realizadas entre 2021 y 2023. Esta decisión, según reportaron entonces medios locales, ratificó que el caso debía regresar hasta la etapa de presentación de la denuncia penal por parte de la Fiscalía, es decir hasta marzo de 2019.
2.- El caso Pativilca
Eternamente asociado a Fujimori queda para la historia su exasesor presidencial Vladimiro Montesinos, el "hombre fuerte" de su gobierno, que fue condenado en enero pasado a 19 años y 8 meses de cárcel por las matanzas de Pativilca y La Cantuta, cometidas en 1992 por el grupo militar encubierto Colina.
La jueza Miluska Cano, que preside la Cuarta Sala Penal Superior Nacional, precisó entonces que esta condena se considera "compurgada" (ya cumplida) porque el exasesor está en prisión desde enero de 2001 y en este caso aceptó la "autoría mediata" (con dominio del hecho) de la comisión de los delitos de homicidio calificado, asesinato y desaparición forzada.
