En México es conocido el dicho: “Cuando Estados Unidos tiene un resfriado, a México le da pulmonía”. Este año hay que añadirle otra parte: “¿Y qué pasa cuando a Estados Unidos le da coronavirus?”
Pocos países en el mundo tienen una relación económica tan estrecha. Estados Unidos no solo compra más de tres cuartas partes de las exportaciones de México —que representaron 358.000 millones de dólares en 2019— sino que es hogar de once millones de mexicanos, quienes envían a su país remesas —cuyo total alcanzó el año pasado la cantidad récord de 36.000 millones de dólares—, dinero que ayuda especialmente a las áreas rurales más pobres de México. Por desgracia, ahora que la economía estadounidense va en picada, arrastra consigo a la mexicana. Lo que es peor para México es que su caída será todavía más dolorosa.
A los dos graves problemas de disminución en las exportaciones y las remesas hay que sumarle el desplome en los precios del petróleo y en el turismo. Por si fuera poco, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, suspendió la inmigración la semana pasada. Y encima hay que considerar las pérdidas derivadas del cierre parcial de actividades que ha incluido a las tiendas, los bares y los restaurantes en gran parte de México.
El banco suizo UBS ha predicho que este año la economía mexicana se contraerá un 7,6 por ciento, Bank of America dijo que se contraerá un 8 por ciento y el banco español BBVA ha pronosticado una contracción espeluznante del 12 por ciento.
Es aterrador pensar en cómo se traducirán esas cifras frías en términos humanos. Además de la pérdida de empleos y ahorros, una gran frustración personal y casos de depresión, ¿podría provocar mayores índices de desnutrición? ¿Y esta, a su vez, podría llevar a una mayor criminalidad y malestar social? La ardua tarea que tiene el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, será evitar a toda costa las peores consecuencias.
Gran parte de la clase trabajadora pobre del país ya tiene dificultades para sobrevivir día a día, ni qué decir de llegar al final del año. Juan Antonio Olivares, de 38 años, vende jugo de naranja en un puesto en mi colonia en Ciudad de México. Todavía tiene permitido trabajar, pero si el gobierno suspende la economía informal, podría poner a gente como él al borde de una situación desesperada. Antes, solía ganar hasta 2500 pesos cada semana, equivalentes a unos 104 dólares; ahora, sus ganancias se han ido a pique, a menos de 600 pesos, o 25 dólares, por semana.
Apenas logra ganar suficiente para que su esposa y sus tres hijos, que viven en su pueblo natal en las afueras de la capital, tengan qué comer. “Sobrevivimos con lo mínimo, los alimentos más necesarios: arroz, frijoles y tortillas”, dijo. Al menos tiene algunos ingresos, a diferencia de muchos trabajadores –como aparcacoches, meseros, botones o dependientes—, a quienes mandaron a casa sin ningún tipo de salario.
Muy pronto, algunos podrían verse en la necesidad de recurrir a medidas extremas con tal de sobrevivir, comenta Olivares. “Si la gente está desesperada, tendrán que encontrar la manera de comer a la mala, robando”, dijo. “La situación podría salirse de control”.
Existe un gran temor entre la clase media de que aumenten las actividades contrarias al orden social. El mes pasado, algunos delincuentes formaron grupos en Facebook y WhatsApp para organizar “saqueos COVID-19” en las zonas más pobres de la capital. Las personas acusadas de encabezar el movimiento fueron encarceladas y Facebook retiró las páginas. Pero si se desata una oleada de saqueos, podría afectar el abasto de alimentos para el resto de la población.
Los residentes de Ciudad de México tienen recuerdos dolorosos de la recesión de 1995, conocida como la “crisis del tequila”, cuando la economía se contrajo un seis por ciento y se registró un aumento en los asaltos y secuestros. Según las proyecciones, las consecuencias de la actual crisis del coronavirus serán todavía más graves. En ese entonces, Bill Clinton era el presidente de Estados Unidos y consiguió que México recibiera un paquete de rescate económico, pero ahora casi nadie se atrevería a imaginar a Trump haciendo algo parecido (aunque sí se retractó de sus planes de suspender la emisión de green cards y los programas de trabajadores temporales). Quizá la mejor opción para México sería intentar mantener al mínimo el número de ciudadanos deportados de Estados Unidos.