El Gobierno de Joe Biden se propuso continuar algunas acciones iniciadas durante la Administración Obama para combatir las causas de la migración irregular en Centroamérica. Sin embargo, su objetivo de impedir más olas migratorias o lograr que los gobiernos combatan la corrupción en sus países parece estar lejano, ya que los gobiernos centroamericanos no quieren apegarse a las nuevas directrices de Estados Unidos.
“Lo que estamos viendo es un enfoque de alto nivel al tema de la migración en la frontera sur de Estados Unidos. El tema no solo de promover la prosperidad económica, sino también el de la corrupción es algo que es muy central para el presidente Biden y se ha comprometido en desarrollar una fuerza de tarea regional de corrupción”, dijo, en una conferencia de prensa en Washington DC, Juan González, director de la oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental de la Administración Biden.
En los cuatro años de gobierno de Donald Trump las acciones en Estados Unidos se centraron en esfuerzos para crear bloqueos legales para impedir la migración y la entrada de personas al país, especialmente latinos.
El sistema migratorio y de asilo fueron modificados de tal manera que los centroamericanos no podían tener la oportunidad de quedarse en el territorio estadounidense peleando su caso.
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Gracias a los acuerdos “bilaterales” del Tercer País Seguro firmados entre la Administración Trump y México, Guatemala, El Salvador y Honduras, entonces Estados Unidos podía enviar a estos países a todos los inmigrantes rechazados en las fronteras estadounidenses. Pero desde 2018 el entonces secretario de Estado, Mike Pompeo, advertía que los tres países “no son socios efectivos” de Estados Unidos.
Ahora, la Administración Biden trata de marcar los nuevos lineamientos e implementar acciones que Trump dejó de lado, como exigirles a los países del Triángulo Norte: Guatemala, Honduras y El Salvador, combatir la corrupción y la impunidad, dos grandes e históricos problemas en la región.
Sin embargo, la recepción del mensaje, las propuestas y las condiciones de Estados Unidos parecen no estar siendo aceptadas en Centroamérica.
Como medida de presión, para que los tres gobiernos consideraran el cambio de postura, Estados Unidos ha enviado fuertes mensajes. En diciembre pasado, una vez se confirmó a Biden como el próximo presidente, el Congreso aprobó un recorte al presupuesto de ayuda militar para los países del Triángulo Norte y en la Cámara de Representantes se aprobaron otras medidas para castigar con más rigor la corrupción en Centroamérica.
En febrero, Biden anunció que Estados Unidos destinaría USD 4.000 millones para el Triángulo Norte; sin embargo, el mismo presidente y altos funcionarios encargados del tema migratorio en la región, aseguraron que los fondos no serán entregados a los gobiernos, sino a organizaciones civiles o a grupos del sector privado que quieran trabajar para combatir las causas de la migración y crear oportunidades en esos países.
El plan Biden pretende dejar de entregar más ayuda económica directa a los gobiernos o a los funcionarios de los tres países que arrastran un largo historial de corrupción e impunidad y tomar otras medidas para sancionar a funcionarios, exfuncionarios y hasta familiares de funcionarios, que, según Estados Unidos, están vinculados a casos de corrupción o tienen vínculos con el crimen organizado y el narcotráfico.
Estados Unidos pretende saber cómo ha sido utilizado o a dónde fue a parar el dinero de la cooperación que ha entregado a los tres países en los últimos años. Para los republicanos, el distanciamiento de estos gobiernos, la falta de transparencia y la falta de responsabilidad del Triángulo Norte representan un obstáculo en las negociaciones de la reforma migratoria propuesta por Biden y los demócratas.
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Los tres países, según el informe sobre Prácticas de Derechos Humanos 2021, del Departamento de Estado, tienen serios señalamientos por corrupción, denuncias de violaciones a derechos humanos, por abusos de poder y en el caso de El Salvador, por autoritarismo. Problemas que además son apuntados entre las causas principales que obligan a los centroamericanos a migrar.
La última semana de marzo, la congresista demócrata Norma Torres responsabilizó a los gobernantes de Guatemala, Honduras y El Salvador por la crisis migratoria que afecta a Estados Unidos, por la falta de respuesta a este problema de parte los líderes políticos, y además calificó como “narcogobiernos” y de “Estados fallidos” a los gobiernos de estos países.
De hecho, esta semana se espera la publicación de un reporte sobre funcionarios centroamericanos vinculados a casos de corrupción y a grupos del narcotráfico solicitado por la congresista Torres. Como sanción para las personas que resulten incluidas en la lista, Estados Unidos podrá cancelar visas o emitir alertas de negocios a sus ciudadanos.
Acciones poco efectivas
“La ayuda económica que Estados Unidos dio desde la Administración Obama y el combate a la corrupción es el pabellón que según los demócratas sirve para reducir la migración. Sin embargo, la política de ayuda económica para menguar la situación migratoria de los demócratas no ha logrado con éxito su objetivo, porque la migración sigue”, le dijo el experto en migración Roberto Sarmiento a la Agencia Anadolu.
Si bien Trump no se interesó en combatir la corrupción en la región, los demócratas ahora se dieron cuenta que la corrupción no ha disminuido, pese a la inversión y cooperación económica y técnica de millones de dólares que Estados Unidos ha invertido en los tres países, pensando que así se reducirá la migración.
“No es que se haya disminuido la corrupción, sino que no se ha hecho nada y sigue estando latente en Honduras, El Salvador y Guatemala. El punto es que ya les dieron dinero y no están viendo el fruto, o cómo se invirtió ese dinero. No está funcionando ese ataque contra la corrupción y no se sabe en qué fue invertido ese dinero”, agrega Sarmiento.
Para otros analistas, el tema de la migración y los gobiernos corruptos de Centroamérica va más allá de los planes de una administración, porque se trata de problemas “profundos e institucionalizados” en los que Estados Unidos tiene cierto grado de responsabilidad.
“Estamos (hablando) de décadas y niveles profundos de corrupción institucionalizada en El Salvador, Guatemala y Honduras; no es algo que se vaya a arreglar de la noche a la mañana. Hay que reconocer primero la responsabilidad de Estados Unidos, que apoya a las dictaduras que le convienen. En los tres países quienes apoyaron a quienes perpetraron crímenes de lesa humanidad en la región fueron los norteamericanos”, dijo a Anadolu el periodista y profesor de California Roberto Lovato.
