Hace más de tres meses, la mayoría del concejo municipal de Minneapolis prometió retirarle fondos al Departamento de Policía de la ciudad.
Fue una declaración poderosa que se sintió en todo el país. Sacudió al Capitolio y las campañas presidenciales, sorprendió a los residentes, deleitó a los activistas y cambió el rumbo de los esfuerzos para reformar la policía durante un periodo crucial de conmoción y oportunidad política.
Ahora, algunos miembros del concejo están reconsiderando esa promesa.
El concejal Andrew Johnson, uno de los nueve miembros que apoyó la promesa en junio, dijo en una entrevista que aquellas palabras las había sentido “de espíritu”, no literales. Otro concejal, Phillipe Cunningham, afirmó que el lenguaje utilizado en la promesa estaba “abierto a la interpretación” y que incluso entre los mismos miembros del concejo “era evidente que la mayoría de nosotros habíamos interpretado esas palabras de manera diferente” poco después del compromiso asumido.
Lisa Bender, presidenta del concejo, hizo una pausa de 16 segundos antes de responder la pregunta de que si la declaración del concejo había generado incertidumbre en un momento decisivo para la ciudad.
“Creo que nuestra promesa generó confusión en la comunidad y en nuestro pueblo”, dijo.
Este arrepentimiento formaliza una retirada que se ha venido realizando en silencio en Minneapolis en los meses posteriores al asesinato de George Floyd a manos de la policía y el clamor nacional resultante por el trato a los estadounidenses negros por parte de las fuerzas de seguridad y el país en general. Tras un verano que desafió el compromiso de la sociedad con la igualdad racial y planteó la posibilidad de un cambio político radical, se está asentando ahora una fría realidad otoñal.
Las encuestas nacionales muestran una disminución del apoyo a Black Lives Matter tras un gran cambio de buena voluntad en junio. En Minneapolis, los esfuerzos políticos de mayor alcance destinados a atender la violencia policial han prácticamente fracasado.
En varias entrevistas este mes, cerca de dos docenas de funcionarios electos, manifestantes y líderes comunitarios describieron cómo la promesa de los miembros del concejo municipal de “acabar con la policía tal como la conocemos” —un mantra acorde al dolor de la ciudad— se convirtió en un caso de estudio sobre la rapidez en la que pueden cambiar las tendencias políticas y lo que sucede cuando los esfuerzos idealistas de cambio estructural se encuentran con el proceso legislativo y la oposición pública.
La promesa en la actualidad no está más cerca de convertirse en ley y tiene menos defensores visibles que nunca. Ha sido rechazada por el alcalde de la ciudad, la mayoría de residentes consultados en recientes encuestas de opinión pública y en un número cada vez mayor de grupos comunitarios. En su lugar, ahora aparecen los tipos de reformas graduales que los políticos progresistas de la ciudad habían venido denunciando.
Mientras tanto, “retirarle el financiamiento a la policía” se ha convertido en un tópico de los discursos de republicanos a nivel estatal y nacional que buscan pintar a los liberales como antipoliciales. Ha sido una piedra en el zapato para Joe Biden, el candidato presidencial demócrata, a pesar de que rechaza la idea. Además, ha encendido una lucha de poder en Minneapolis que, en algunos casos, ha enfrentado a moderados contra progresistas, jóvenes contra viejos y personas blancas contra negras.
Linea Palmisano, una representante relativamente moderada del concejo municipal, y una de las tres que no se sumó a la promesa, fustigó a sus colegas: “Se han acostumbrado a hacer este tipo de pruebas de pureza progresista”, dijo.
En una muestra de la intensidad del debate, varias personas de ambos bandos que hablaron con The New York Times describieron a sus adversarios como personas que tenían “sangre en las manos”.
“Qué tipo de violencia vamos a experimentar durante el próximo año?”, preguntó Miski Noor, organizadora de Black Visions Collective, un importante grupo activista de la ciudad que busca retirarle fondos y abolir el departamento de policía. “Cuando estas decisiones se toman a nivel político, tienen consecuencias humanas”.
Aunque algunos activistas dijeron que la promesa debía tomarse de forma literal —un compromiso a trabajar hacia la abolición total de la policía— los funcionarios electos dijeron que existía un desacuerdo generalizado sobre su significado. Algunos creían que “retirarle los fondos a la policía” significaba reorientar parte del dinero del presupuesto policial a programas sociales. Otros pensaron que era un respaldo impreciso a un futuro sin policías.
“Creo que el anuncio inicial creó cierto nivel de confusión entre los residentes en un momento en el que la ciudad realmente necesitaba esa estabilidad”, afirmó el alcalde Jacob Frey, quien se negó a apoyar la promesa. “También creo que la declaración en sí significó muchas cosas diferentes para muchas personas diferentes, entre ellos una buena cantidad de activistas que anticipaban la abolición”.
En tiempos de dolor, una respuesta inconexa
La relación inestable entre el gobierno local y los activistas progresistas negros en Minneapolis comenzó mucho antes de la muerte de Floyd. En 2015, después de que un policía le disparó y mató a un hombre negro de 24 años llamado Jamar Clark, las exigencias de los activistas del naciente movimiento Black Lives Matter se centraron en mayor parte en presentar cargos penales contra los policías involucrados. Tres años después, cuando la policía de Minneapolis le disparó y asesinó a Thurman Blevins, otro hombre negro, de 31 años, muchos de los mismos activistas le pidieron al concejo municipal que le quitara el cinco por ciento al presupuesto policial y destinara ese dinero a programas sociales.
El concejo propuso una reducción más pequeña de 1,1 millones de dólares.
“Estamos hartos de reformas débiles como cámaras corporales, ajustes a la supervisión civil y nuevas señales en los autos de la policía”, dijo en aquel momento Hani Ali, organizadora de Black Visions.
La intensificación de las exigencias refleja los cambios más grandes en la política demócrata y la izquierda progresista, los cuales se han acelerado durante la era Trump. Black Visions se formó en 2017, luego de la elección presidencial, por activistas más jóvenes que estaban hartos del incrementalismo.
Ese año, la insurgencia política sacudió a la política de Minneapolis: Frey derrotó a la alcaldesa en funciones en las elecciones municipales y dos políticos negros abiertamente progresistas, aliados de la izquierda activista, Cunningham y Jeremiah Ellison (hijo del político de Minnesota Keith Ellison), capturaron escaños en el norte de Minneapolis, cambiando así el núcleo ideológico del concejo.
Pero lo que parecía una creciente marea progresista se distorsionó en un panorama más complicado, alegó Dave Bicking, miembro de la directiva de Comunidades Unidas Contra la Brutalidad Policial, un grupo de base en Minneapolis fundado en 2000.
Bicking afirmó que grupos como Black Visions Collective y su organización asociada, Reclaim the Block, tenían la atención del nuevo concejo municipal, pero que los que estaban en el poder al parecer trataron a los activistas como suplentes de todos los residentes negros, progresistas o más jóvenes, e ignoraron la diversidad de esos electorados.
“No puedes agrupar a todo el mundo en un solo montón”, dijo Bicking, quien tiene 69 años y es blanco, pero representa a un grupo comunitario amplio. “El concejo municipal decía: ‘Oh, sí, salimos y hablamos con muchas personas. Escuchamos a muchas personas’. Y eran personas de solo esos dos grupos. No escuchaban a nadie más”.
