Desde los primeros días de Donald Trump en la presidencia, su principal asesor para asuntos migratorios, Stephen Miller, no ha cejado en su empeño de aprovechar una ley no muy conocida, diseñada con el propósito de proteger a esa nación de las enfermedades del extranjero, para cerrar la frontera.
Su único problema ha sido encontrar la enfermedad adecuada.
Miller abogó por que se le otorgaran al presidente facultades amplias para tomar decisiones sanitarias en 2019, cuando las instalaciones de detención migratoria de seis estados sufrieron un brote de paperas. Volvió a intentarlo ese mismo año cuando se diseminó la gripe en estaciones de la Patrulla Fronteriza.
Cuando aparecieron enormes caravanas de inmigrantes con rumbo a la frontera en 2018, Miller buscó pruebas de que traían consigo alguna infección. Pidió informes de las comunidades estadounidenses que habían recibido inmigrantes para detectar cualquier enfermedad nueva.
También en 2018, decenas de inmigrantes enfermaron de gravedad mientras estaban en custodia de las autoridades federales y dos enfermos menores de 10 años murieron en un intervalo de tres semanas.
A diferencia de muchos, que le atribuyeron los incidentes a la negligencia de las autoridades fronterizas, Miller argumentó que eran fundamento para que el presidente Donald Trump ejerciera sus facultades en el ámbito de la salud pública para justificar el cierre de la frontera.
Algunos secretarios del gabinete y abogados le restaron importancia a la postura de Miller y el presidente (que estaba de acuerdo con esas ideas), pues, en su opinión, la situación de salud pública en ese momento no ofrecía fundamento legal suficiente para proclamar ese tipo de facultades.
Por desgracia, todo cambió con la llegada de la pandemia del coronavirus.
Solo unos días después de confirmado el primer caso en Estados Unidos, la Casa Blanca ordenó el cierre de las fronteras terrestres de Estados Unidos a todo tipo de viaje no esencial y les impidió el acceso a casi todos los inmigrantes, incluso a niños y adolescentes llegados a la frontera sin sus padres y sin un adulto responsable.
Además, se aplicaron otras restricciones a los viajes internacionales y se suspendió el procesamiento de green cards en las oficinas consulares estadounidenses. Esta medida, según les dijo Miller a algunos aliados conservadores en una llamada privada reciente, solo es el primer paso de un plan más amplio para restringir la inmigración legal.
Sin embargo, estas acciones que según la Casa Blanca se tomaron en respuesta urgente a la pandemia del coronavirus, se adaptaron en gran medida de borradores que ya se habían preparado para órdenes ejecutivas y se basan en conversaciones en torno a políticas públicas sostenidas en varias ocasiones desde la toma de posesión de Trump que ahora han adquirido legitimidad, según tres exfuncionarios que participaron en esas conversaciones en el pasado.
Un funcionario indicó que la idea de invocar facultades de emergencia y de otro tipo en relación con la salud pública es solo una opción de entre alrededor de cincuenta incluidas en una lista que Miller propuso en los primeros seis meses del gobierno para reducir la inmigración.
Según el mismo funcionario, Miller hizo esas propuestas después de revisar no solo la legislación actual aplicable a la inmigración, sino todo el código federal, en busca de disposiciones que pudieran permitirle al presidente detener el flujo de inmigrantes a Estados Unidos.
Los funcionarios de este gobierno han dicho en varias ocasiones que las medidas más recientes son necesarias para evitar que ingresen nuevos casos de infección al país.
“En este momento seguimos órdenes de salud pública”, les dijo Mark Morgan, comisionado interino de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, a varios reporteros a principios de mes. “No se trata de inmigración. La única prioridad en este momento es el tema de enfermedades infecciosas y salud pública”.
La Casa Blanca se negó a hacer comentarios al respecto, pero un funcionario de alto rango en el gobierno confirmó la información sobre las conversaciones sostenidas en el pasado.
Miller, arquitecto del ataque del presidente a la inmigración y uno de los asesores más cercanos de Trump en la Casa Blanca, ha hecho todo lo posible para aplicar restricciones estrictas a la inmigración legal e ilegal, incluidas políticas con el objetivo de separar a las familias que crucen la frontera suroeste, obligar a los inmigrantes que solicitan asilo a esperar en campamentos en terribles condiciones en México y negarles la green card a los inmigrantes pobres.
