El abogado español Juan Gonzalo Ospina declaró este miércoles en representación de la familia de Edwin Arrieta en el juicio contra Daniel Sancho en Tailandia por el supuesto asesinato del cirujano colombiano, para aclarar los detalles de la solicitud de indemnización al acusado.
"Hoy acudimos como testigos de la familia para explicar la situación económica en la que se encuentran a día de hoy tras la pérdida de Edwin, que era quien sustentaba toda la realidad económica de la familia", dijo Ospina a las puertas del tribunal.
Los abogados de la familia Arrieta en Tailandia, Mettapon Suwancarern y Nattha "Lak" Jongratwanin, confirmaron este miércoles la solicitud de indemnización ante el tribunal de 30 millones de bahts (unos 760.000 euros) y aportaron la documentación con la que se justifica esa cantidad.
En este sentido, el letrado español comentó que se había informado de "las clínicas que (Arrieta) tenía en Colombia, en Chile, las personas que estaban a su cargo, sus estudios, formación, la situación en la que ha quedado la familia".
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Ospina, que testificó en español con la ayuda de un intérprete en la sala durante más de dos horas, también presentó "documentos médicos que acreditan que (los padres) están sufriendo depresión, ansiedad, pesadillas nocturnas, tomando tratamiento para superar (la muerte de su hijo)", según dijo a su salida de la vista a los periodistas.
"Todo ese sufrimiento y profundo dolor en el que se encuentran tras los hechos que ocurrieron aquí el 2 de agosto, hasta el punto inclusive de que a los padres no se les ha podido contar toda la realidad de lo sucedido porque se encuentran en una profunda depresión y ansiedad (...) No consiguen superar lo que sucedió", añadió.
El abogado hispanocolombiano explicó a los periodistas que a pesar de la petición de los letrados tailandeses que están personados en el juicio como coacusación, y que calificó como un "tope máximo", "la familia está más que satisfecha" con la cantidad de 410.000 euros que su despacho calculó en un principio.
Decisión del juez:
La legislación tailandesa no establece baremos o máximos de indemnización como responsabilidad civil por delitos como asesinato.