A mediados de agosto la alcaldía de Bogotá presentó en el Concejo de la ciudad el denominado “Plan Marshall” como lo llamó la alcaldesa Claudia López. Según la administración este plan tenía como objetivo la reactivación económica de la ciudad. En columnas anteriores he hablado de la importancia de la reactivación económica del país y celebro esta iniciativa de la alcaldía de participar activamente y de proponer soluciones para dinamizar la economía con el fin de enfrentar uno de los retos más grandes que tenemos: el desempleo. Sin embargo, después de leer el proyecto, considero que este no es realmente un plan de reactivación económica y generación de empleo. Por esta razón, agradezco la seriedad del Concejo de no aprobarlo para que la Administración pueda corregirlo, teniendo una nueva oportunidad para presentarle una estrategia más estructurada a la ciudad.
El plan presentado contaba con dos componentes. El primero, tenía medidas tributarias como congelar el impuesto predial en el 2021 para todos los inmuebles de la ciudad, incluyendo los residenciales, comerciales e industriales; eximir de este gravamen en los próximos dos años a los bienes del sector cultural y luego otorgarles una reducción del 50 %; entregar una serie de descuentos en industria y comercio (ICA) a las empresas que en este 2020 reporten pérdidas; y alivios en los siguientes seis años a los empresarios que se formalicen.
La segunda parte del plan, que aún se volverá a presentar al Concejo de Bogotá, consiste en una solicitud de cupo de endeudamiento por 10,79 billones de pesos. Este dinero sería utilizado para financiar parte del Plan de Desarrollo que, según las cuentas de la Administración, generaría más de 500.000 empleos en los próximos dos años. La ciudad invertiría en proyectos de movilidad, seguridad, educación y, por su puesto, salud. A destacar, se propone invertir 3,93 billones a la Red de Metro Regional, Corredores Verdes y Alimentadores (36 %); 2,32 billones a Educación (21 %); 1,27 billones al Instituto de Desarrollo Urbano (12 %); 1,76 billones a Salud (16 %); entre otros.
Una de las falencias principales presentadas en el Plan de Reactivación, estaba en esa primera parte que parecía más una reforma tributaria. Si bien creaba una serie de ayudas y alivios a los más afectados por la pandemia, también creaba desincentivos para las empresas que lograron innovar o transformarse durante este tiempo de pandemia. Si bien se proponía una disminución en el impuesto del ICA para algunas empresas, proponía incrementos en el mismo a las ventas al por menor mediante internet o correo físico, algo problemático si se tiene en cuenta que ha sido uno de los principales sectores de apoyo durante la pandemia.
Otra propuesta que considero que no es pertinente de parte de la Administración, es subir impuestos a los medicamentos y algunos bienes de primera necesidad y de bioseguridad, o gravar las plataformas electrónicas cuando el virus no ha desaparecido, siendo estas necesarias para vivir en esa “nueva normalidad” como la llaman. La economía en su conjunto se ha visto afectada por la pandemia, muchos sectores han sufrido pérdidas, han tenido que “reinventarse” (palabra muy popular por estos días de la cuál muchos estamos cansados) y se han visto en la necesidad de acelerar procesos de transformación para cumplir con las nuevas demandas. El plan de reactivación económica no se puede basar en zanahoria para unos y garrote para otros. Mucho menos con las cifras de desempleo actuales, por eso el plan no debe dividir, nos debe unir en torno al propósito conjunto de estimular la economía de la ciudad.
