Daniel Quintero, alcalde de Medellín entre 2020 y 2023, interpuso una denuncia penal contra el actual alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga, por el delito de prevaricato por las presuntas irregularidades que se cometieron en la ejecución del contrato relacionado con el lote Aguas Vivas, un terreno de 147.000 metros cuadrados ubicado en una zona exclusiva de la comuna El Poblado.
En el año 2019, la Subsecretaría de Central Urbanístico valoró el lote en 44 mil millones de pesos. No obstante, la celebración del contrato se dio 4 días antes de que terminara el mandato de Federico, el 27 de diciembre de 2019, en aparente violación de la normativa vigente, toda vez que el negocio se fundamentó en el Decreto 2502 de 2019, publicado en gaceta el 31 de diciembre de 2019, es decir no estaba vigente al momento de la suscripción del contrato mediante escritura pública, no se cumplían los requisitos legales ni los principios de la contratación Estatal.
Lo más polémico de esta situación es que el actual alcalde de Medellín afirmó públicamente, y de manera descarada que el predio había sido adquirido por solo 2.700 millones de pesos. Presuntamente, Gutiérrez logró que obligaciones urbanísticas por 48 mil millones de pesos no ingresaran al fondo estatal, sino a cuentas privadas. Este hecho habría beneficiado también a constructores que, en lugar de pagar las obligaciones al Estado, las canalizaron hacia manos privadas, determinando el mismo Consejo de Estado que el objeto del contrato era ilícito.
Este escándalo plantea serias dudas sobre la transparencia y la ética en la administración pública de Medellín. ¿Cómo es posible que un bien público de tal magnitud haya sido negociado a espaldas de los ciudadanos y en beneficio de intereses privados? Un hecho de presunta corrupción al que Federico ha intentado darle un giro, incriminando a la administración de Daniel Quintero sin causa alguna, maniobra que busca desviar las verdaderas irregularidades y los malos manejos del patrimonio público que ha venido realizando.
