Petro y su tufillo de “Dictador”

A meses de concluir su mandato, las dudas sobre el Gobierno de Gustavo Petro, que ya se plantearon durante la campaña presidencial, se siguen multiplicando. Un aire de incertidumbre y preocupación recorre el país: ¿Petro respetará el marco constitucional y la democracia que tanto defendió durante su campaña, o por el contrario, intentará pasar por encima de ella, cumpliendo así los temores de muchos sobre su potencial conversión en un dictador disfrazado de demócrata?

La situación se complica aún más con la reciente estrategia del Presidente de convocar a la población a movilizarse en las calles, presionar al Congreso y al poder judicial, y manipular la opinión pública bajo el argumento de que "la voz del pueblo" es la única válida para avanzar en su agenda, de la cual poco o nada se ha visto. El temor a que Petro utilice su mandato para consolidar un poder absoluto no es infundado.

Durante su tiempo en el poder, ha demostrado que, en lugar de buscar consensos democráticos, prefiere imponer su visión unívoca del país, desplazando la pluralidad política y los mecanismos institucionales que garantizan el equilibrio de poderes. En varias ocasiones, ha recurrido a movilizar a la población a través de manifestaciones, utilizando el argumento de que está luchando por los intereses del pueblo.

Sin embargo, esta estrategia se vuelve peligrosa cuando se presenta como la única forma legítima de expresión, mientras descalifica a aquellos que disienten de su visión como enemigos del bienestar común. Esta estrategia de polarización está empezando a erosionar los cimientos de la democracia. Por ejemplo, según Swissinfo, en septiembre de 2024 se hizo popular como el mandatario se refirió a las mujeres reporteras críticas de su gobierno como las “muñecas de la mafia”, en un país donde el periodismo es considerado una profesión de alto riesgo y fácilmente les puede costar la vida, y es que las cifras lo dicen todo, según el Centro de Memoria Histórica, en Colombia han sido asesinados 152 periodistas por hacer su trabajo desde 1977.

Del mismo modo, el presidente ha utilizado los mecanismos institucionales con fines claramente políticos. Por ejemplo, en el caso del Metro de Bogotá, Petro ha tratado de imponer el proyecto del metro elevado, a pesar de que las autoridades territoriales y los contratos ya establecidos favorecen otro modelo. Este tipo de injerencia en los asuntos territoriales es una clara violación de la autonomía local, y refleja una tendencia de este gobierno a manipular las instituciones a su conveniencia. Petro ha mostrado un desprecio por la separación de poderes, lo cual plantea serias dudas sobre su respeto por las reglas democráticas.

En este contexto, la creciente manipulación de la opinión pública por parte del “Gobierno del cambio” adquiere una relevancia alarmante. Al utilizar el llamado a las movilizaciones como una herramienta de presión hacia el Congreso y el poder judicial, Petro está deslegitimado las funciones de las instituciones que forman el andamiaje democrático del país. El ataque constante a la Corte Constitucional y al poder judicial, sumado a su intento de influir en el Congreso a través de la movilización popular, indica que el presidente está dispuesto a ir más allá de los límites de su mandato constitucional. En tal sentido ha sido enfático el presidente de la Corte, Jorge Enrique Ibáñez donde refiere la necesidad de defender la independencia y autonomía judicial. Este comportamiento refleja un autoritarismo latente que se disfraza de democracia, pero que, en realidad, está socavando el Estado Social de Derecho.

Sin duda, la falta de apoyo político a sus reformas, como la tributaria y la laboral, ha llevado al presidente a utilizar métodos coercitivos para imponer su agenda. A lo largo de su gobierno, ha condicionado recursos presupuestales, utilizando el poder del Ejecutivo para influir en decisiones que deben estar bajo el control de otras ramas del gobierno. Este tipo de acciones refuerza la percepción de que Petro busca cooptar el Estado, manipulando tanto las instituciones como el dinero público para imponer su voluntad. Es evidente que no está buscando consensos, sino imponiendo una visión personalista que favorece su proyecto político.

Además de su ataque al sistema judicial y a las entidades legislativas, el presidente ha recurrido a un discurso populista que divide drásticamente a la sociedad colombiana. Al utilizar la lucha de clases como una bandera, Petro ha logrado polarizar aún más al país, enfrentando a los ricos contra los pobres, a los trabajadores contra los empresarios. Según lo reportó Semana, el presidente se refirió a los congresistas como “pastores traicioneros y vendidos que escupieron sobre Jesús el carpintero”, luego los tildó de traicioneros y codiciosos. Este enfoque no solo carece de un verdadero análisis estructural de los problemas económicos del país, sino que también fomenta el enfrentamiento y la confrontación, debilitando el tejido social y aumentando la desconfianza entre los diferentes sectores de la sociedad, y todo esto, lo hace en medio de alborotos que lo embargan en momentos de lucidez en los que pareciera gobernar mediante trinos.

Por otro lado, las reformas propuestas por Petro, como la tributaria, que busca aumentar la carga fiscal sobre los sectores más ricos, y la laboral, que intenta modificar los sistemas de pensiones y empleo, no han logrado el consenso necesario en el Congreso. El fracaso de estas reformas ha expuesto las debilidades del gobierno en términos de negociación política. Pero más allá del fracaso legislativo, lo que realmente preocupa es el camino que está tomando el gobierno para avanzar a toda costa, sin importar los costos sociales o económicos. Este afán por imponer reformas sin consenso no solo está poniendo en riesgo la estabilidad política del país, sino también su estabilidad económica.

Por su parte, el panorama económico bajo el gobierno de Petro es cada vez más incierto. El déficit fiscal ha aumentado considerablemente, y las reformas propuestas, aunque bien intencionadas en su mayoría, no han logrado generar el impacto esperado. Según datos del Banco de la República, el país enfrenta un crecimiento económico moderado y un aumento de la deuda pública, lo que podría desencadenar una crisis económica si no se toman medidas urgentes. En este contexto, las medidas populistas, como la reforma tributaria y las políticas intervencionistas en la economía, podrían tener efectos negativos a largo plazo, especialmente para los sectores más vulnerables de la población.

A nivel internacional, el gobierno de Petro también ha comenzado a mostrar signos de debilidad. La imagen del país en el exterior se ha visto afectada por las políticas internas del gobierno, especialmente aquellas que han generado incertidumbre en el sector empresarial y en los mercados internacionales. La falta de confianza en las decisiones del gobierno, sumada a la creciente polarización interna, ha comenzado a repercutir en la inversión extranjera y en las relaciones económicas internacionales. En un contexto global cada vez más competitivo, esta pérdida de confianza puede resultar en un aislamiento económico que afecta el desarrollo del país.

El uso del populismo como herramienta de control político es una de las características más preocupantes del gobierno de Petro. En lugar de un verdadero diálogo con los sectores que se oponen a su búsqueda de agenda, ha preferido utilizar las movilizaciones populares como una forma de imponer su visión política, como las vistas el día 18 de marzo a nivel nacional donde cientos de personas se fueron a las calles en el marco de las reformas presentadas en el Congreso. No obstante, según lo reportó RED + Noticias, los contratistas del ICBF fueron convocados por medio de un correo electrónico a participar de dichas marchas, lo que se tomó como una orden por parte del director, desatando controversia. Este enfoque no solo es un riesgo para la estabilidad política y social, sino que también socava el principio fundamental de la democracia: el respeto por la pluralidad de ideas y la libertad de expresión. Un gobierno que se presenta como el único portavoz del pueblo, mientras excluye y descalifica a quienes piensan diferente, está abriendo la puerta a un régimen autoritario.

En tal sentido es importante recordar que la democracia se construye sobre el respeto a las instituciones, la división de poderes y la participación activa y libre de los ciudadanos. El intento de Petro de manipular la opinión pública, presionar al Congreso y atacar al poder judicial es una clara amenaza para el sistema democrático colombiano. Si este comportamiento continúa, estamos ante el peligro de que el país se vea arrastrado hacia un régimen de corte autoritario, donde las libertades individuales y la autonomía de las instituciones se vean seriamente comprometidas.

El futuro de Colombia está en juego, y es responsabilidad de todos los ciudadanos y los actores políticos garantizar que el país no se desvíe del camino democrático. El gobierno de Petro debe demostrar que puede gobernar respetando las reglas constitucionales y los principios democráticos. De lo contrario, los temores de aquellos que lo tildaron de dictador disfrazado de demócrata podrían convertirse en una realidad. La democracia colombiana no puede ser secuestrada por un proyecto autoritario, y es esencial que todos los colombianos se mantengan vigilantes ante cualquier intento de socavarla.

Finalmente, el tufillo del presidente Petro, esa sensación de autoritarismo que se percibe en sus acciones y discursos, está comenzando a hacer temblar los fundamentos de la democracia colombiana. El camino hacia la dictadura disfrazada de democracia es más corto de lo que parece, y el gobierno de Petro debe demostrar, con hechos y no con palabras, que respeta las instituciones, la constitución y los principios fundamentales de la democracia. El futuro de Colombia depende de ello.