El Concejo de Bogotá debate en estos momentos dos proyectos claves que presentó la administración, un paquete de incentivos para la reactivación económica y un cupo de endeudamiento, de manera que la ciudad tenga herramientas para sortear de mejor manera la crisis económica. El 15 de octubre, día en que se publica esta columna, desarrollamos la votación del primero de ellos.
Este proyecto ofrece alivios importantes en la medida de lo que tiene a su alcance la administración distrital. No hay que olvidar que en lo relacionado con planes de salvamento a las empresas mayormente golpeadas por la crisis es el gobierno nacional el que tiene el músculo y los instrumentos directos en sus manos. Los gobiernos locales disponen de herramientas directas en materia de política social -como así lo ha aplicado Bogotá-, pero en materia económica su alcance es de mediano y largo plazo.
El paquete de incentivos para la reactivación, conocido como Plan Marshall, incluye descuentos en el ICA hasta del 20%, que podrían ser del 22% si se acepta la propuesta de la ponencia positiva; congela el predial en términos reales (los ponentes también proponen una congelación del valor nominal); para algunos avalúos menores a 150 SMMLV, amplía el pago por cuotas a predios diferentes a los residenciales; y le da incentivos adicionales, como exenciones de predial, a sectores como los museos, teatros, los jardines y los colegios.
Por otra parte, es razonable que se planteen unas medidas de equidad para gravar algunas actividades económicas que se han beneficiado en este panorama de crisis. Una de ellas es el incremento el ICA a los sectores de telecomunicaciones, financiero y plataformas de domicilios pero a lo largo de la amplia discusión se introdujo un cambio importante. Se tendrá en cuenta no sólo la visión sectorial, sino el incremento efectivo de ingresos de algunos negocios. El incremento máximo del impuesto sería de 15% en caso de aumento de ingresos superior a 50%.
Propone un incremento de las tarifas del impuesto predial unificado correspondiente al conjunto de predios residenciales de mayor valor de la ciudad – por encima de los $1.092.671.001 año base 2020- que están establecidas en el artículo 1° del Acuerdo 648 de 2016.
También plantea incrementar tarifas de ICA a sectores como el de telecomunicaciones y actividades financieras. Especialmente este último sector, que siempre cae parado, aportó poco a hacer fluir recursos de crédito para la recuperación. Son reiteradas las críticas de los empresarios, incluso los medianos, a las enormes barreras para acceder a los créditos y la poca consideración de los bancos con las dificultades del tejido productivo en esta crisis. El sector financiero pagaría ese incremento gradual desde 2022.
Como se puede apreciar, la iniciativa contiene medidas progresivas. Con mayor razón en momentos de crisis deben refinarse los instrumentos que permitan gravar la riqueza sin poner en riesgo los incentivos para la inversión y la innovación. Aunque este proyecto no es una reforma tributaria, sí emplea mecanismos vía ICA y predial para generar incentivos y busca que quienes se han beneficiado en sus ingresos durante estos meses de pandemia reviertan un porcentaje razonable de esas ganancias adicionales a la ciudad. Bastante de esta lógica le hace falta a las reformas tributarias regresivas del orden nacional, que a través de alzas en el IVA terminan impactando el precio de los bienes y el bolsillo de la gente.
En ese orden de ideas, presenté una propuesta. Dada la estructura del impuesto predial, es deseable abrir más la última categoría para poner tarifa mayor al 12,3 por mil para predios con avalúo mayor, por ejemplo, a $2.000 millones de pesos. Crear otra categoría tarifaria para predios de valor superior a $2.500 millones y otra para los que tengan avalúo mayor a $3.000 millones. En la estructura actual la última categoría es demasiado amplia (todos los predios de $1.600 millones en adelante tienen la misma tarifa).
